El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado hoy con el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, el acuerdo de reversión de las instalaciones de la actual estación de autobuses de Alicante a la Autoridad Portuaria, al finalizar el plazo de concesión administrativa de los terrenos, que están en zona portuaria. El protocolo firmado por el alcalde y el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, implica una prórroga de la concesión hasta finales de este año y la bonificación de tasas en su máximo legal permitido.

El alcalde ha aprovechado la firma de la prórroga para pedir tanto al Puerto como a la Generalitat que se impliquen en la búsqueda de una solución para la terminal de autobuses, para que Alicante siga disponiendo de este servicio en tanto en cuanto el Gobierno central impulsa el prometido soterramiento de la estación de trenes y la construcción de la terminal intermodal en los terrenos donde también se han comprometido Gobierno central y Generalitat a construir el parque central de Alicante.

Por otro lado, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha aprobado las cuentas de 2019. Como ya adelantaba el presidente en febrero de este año, el conjunto de los ingresos de 2019 se elevó a 12,2 millones de euros, obteniendo un beneficio de 2,3 millones, un 5% menos que en 2018. Así ha explicado que, tanto los resultados de 2018 como los relativos a 2019, recogen apuntes extraordinarios, por lo que el resultado, que podría considerarse ordinario tanto en un año como en otro, se sitúa en 1,3 millones de euros.

El consejo ha dado luz verde a la aplicación de nuevas medidas extraordinarias, que se suman a las ya implantadas, con el fin de apoyar a las empresas que operan en el puerto, amortiguando el impacto que la crisis del coronavirus tendrá en ellas. En concreto, se ha aprobado aplicar determinadas recomendaciones de Puertos del Estado, para la determinación de las reducciones de la tasa de ocupación, contempladas en el RDL 15/2020, aprobado por el Gobierno de España, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Para aplicar a las empresas concesionarias del puerto la reducción de las tasas de ocupación, se van a tener en cuenta tres factores: el porcentaje del impacto sobre la actividad, el tipo de concesión o autorización, y la situación económica-financiera de la propia autoridad portuaria; dada la favorable situación de la APA, las reducciones previstas legalmente sí resultan viables. La reducción deberá ser solicitada y justificada por los interesados tal y como se contempla en el procedimiento establecido en el citado Real Decreto Ley.

Ayuntamiento de Xàbia

El consejo ha acordado también otorgar una concesión administrativa en favor del Ayuntamiento de Xàbia, por un plazo de 15 años, susceptible de ser prorrogada por cinco más, para establecer en el Faro del Cabo San Antonio, un centro de interpretación de la Reserva Marina y del Parque Natural del Montgó. El proyecto contempla la rehabilitación de los dos edificios del faro: la antigua vivienda del técnico de señales marítimas, donde se ubicará el Centro de Interpretación y un antiguo taller-almacén, que servirá para albergar una cafetería y aseos para uso público.

La zona de acceso también va a ser reestructurada, con la creación de una plaza que entrelazará la naturaleza con zonas para los visitantes, de descanso y de aprendizaje, sobre la flora y fauna del Parque del Montgó, que sin duda servirán para fomentar y poner en valor los recursos de este entorno natural. La parcela solicitada dispone de una superficie de 3.385 m2 de terreno, 55,37 de los cuales, no forman parte de la concesión porque son para el uso exclusivo del faro, donde se ubica la linterna y las instalaciones propias del funcionamiento del mismo.

Seguridad Ferroviaria

Otro de los puntos, abordados en el orden del día, ha sido la aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad Ferroviaria, que establece las medidas organizativas y los procedimientos de actuación que garantizan el control de los riesgos y el plan de autoprotección de la actividad ferroviaria dentro del ámbito portuario, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.