El Ayuntamiento de Alicante ha dado marcha atrás y a primera hora de esta mañana ha comunicado a la Autoridad Portuaria que renuncia a pelear en los tribunales (vía de lo contencioso administrativo) el mantenimiento de las condiciones del uso de la estación provisional de autobuses tal como se acordó en 2006, y para las cuales ya no había más prórrogas. El alcalde, Luis Barcala, que la semana pasada anunció que llevaría al Puerto al Juzgado ha visto, tras consultar con el gabinete jurídico municipal, que la pataleta no tiene ningún apoyo legal. Renuncia al contencioso-administrativo y pedirá hoy mismo la tramitación de una autorización para que la estación de autobuses siga opertiva mañana, cuando el edificio pasa a ser propiedad del Puerto. A partir de ahí, habrá que pedir una concesión tal como estipula la ley y adaptarse al pago de las tasas económicas que triplican las de 2016 al pasar de 70.000 a 205.000 euros al año.
Las conversaciones, que están muy avanzadas entre ambas administraciones, apuntan a una autorización provisional de seis meses, para evitar que Alicante se quede a partir del miércoles sin servicio de la estación de autobuses, con una rebaja de las tasas amparándose en las nuevas normativas sobre el Covid-19. En concreto, todo apunta a que habrá una reducción en torno al 50% de las tasas portuarias. Es decir, que en lugar de pagar unos 200.000 euros al Puerto, el coste rondará los 100.000 euros, frente a los 70.000 que estaba estipulado hasta ahora. De cara al próximo año, el Ayuntamiento y el Puerto deberán cerrar una nueva concesión, en una negociación en la que la Generalitat prevé interceder.
En el contexto, el Ayuntamiento de Alicante, con Luis Barcala al frente, ha decidido finalmente llevar a los tribunales a la Autoridad Portuaria ante la imposibilidad de prorrogar el convenio de la terminal de autobuses de la ciudad de Alicante, que finaliza mañana. En el pleno de la semana pasada, el socialista Francesc Sanguino recordó que se habían agotado todas prórrogas sin que el Ayuntamiento hubiera solicitado una nueva concesión para darle continuidad a la estación de autobuses en su emplazamiento actual. Según la legislación portuaria vigente el nuevo convenio llevará a un aumento de las tasas que puede triplicarse. Es decir, pasar de 70.000 euros a unos 210.000 euros.
La complicada situación de la estación de autobuses de Alicante, en teoría provisional mientras se construía la estación intermodal del AVE, arranca en 2006 cuando en el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente del Puerto, Mario Flores, firmaban un convenio para la construcción de la estación que en 2016 debía a pasar a propiedad de la Autoridad Portuaria. En 2010, la alcaldesa Sonia Castedo y el presidente del Puerto, entonces Miguel Campoy, firmaban un acuerdo para realizar otras obras a cambio de ampliar el plazo a 2018. Echávarri pediría dos años más. Ahora, ya no hay más opciones de extender el actual convenio, por lo que a partir del próximo martes el Ayuntamiento ocupará ilegalmente el edificio, que pasará a ser propiedad del Puerto.
Reacciones
El socialista Francesc Sanguino asegura que el gobierno municipal "simplemente está haciendo lo que debería haber hecho desde un principio: cumplir la ley y defender los intereses de los ciudadanos". "No han negociado nada, esto lo podían haber acordado hace seis meses", añade Sanguino, quien considera que "Barcala ha sido un irresponsable amenazando con judicializar a costa de nuestro bolsillo en lugar de poner por delante lo más importante, que son los ciudadanos, los servicios municipales y el empleo directo e indirecto que ofrece la Estación de Autobuses de Alicante".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha criticado la improvisación del gobierno de Barcala. "Va como pollo sin cabeza, llega tarde a todo. Ahora deciden que no van a recurrir judicialmente el marrón de la estación de autobuses. Que explique qué ha hecho estos últimos seis meses, reclamamos transparencia", señala Bellido.
