La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que, antes de final de año, entrarán en funcionamiento tres nuevos juzgados, uno por cada provincia, para agilizar las reclamaciones derivadas de la crisis del covid-19. En concreto, se crearán dos nuevos juzgados de lo Mercantil en Valencia y Alicante y uno de lo Social para la provincia de Castellón.

El pasado 5 de junio, el Ministerio de Justicia comunicó a las comunidades autónomas con competencias en la materia la creación de 23 nuevas unidades judiciales en toda España para atender los asuntos derivados de la crisis del coronavirus, en especial en las jurisdicciones de lo Social, Mercantil y Contencioso-administrativo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno estableció la creación de dos nuevos juzgados en Valencia y Alicante.

Sin embargo, tal y como ha explicado la consellera Gabriela Bravo, desde la Generalitat se consideró que era "necesario mantener el equilibrio en las tres provincias, dado el impacto que el covid-19 ha supuesto para economía valenciana".

La consellera ha insistido en que la mercantil "ha sido una de las jurisdicciones más afectadas por la paralización de todos los plazos procesales", y, en especial, ante la posibilidad del cierre de empresas y todo tipo de procesos "que van a tener que asumir los juzgados". "Por eso, queremos apostar por nuestra economía; de ahí que también necesitemos la puesta en marcha de estos tres juzgados", ha indicado.

De hecho, la jurisdicción de lo Mercantil en el partido judicial de Castellón tiene ya una carga de trabajo del 142 por ciento y el número de asuntos a 31 de marzo de este 2020 ascendía a 743. En el caso del partido judicial de Alicante, la carga de trabajo en lo Mercantil es del 212 por ciento, mientras que, en el caso de Valencia, es del 259 por ciento, con una pendencia, es decir, el número de casos, de 589 y 587, respectivamente.

De esta manera, con la puesta en marcha de los tres nuevos órganos se pretende agilizar la actividad judicial en los órdenes Social y Contencioso- administrativo y también en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil con el fin de contribuir a una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis sanitaria.

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