Para el empresario Enrique Ortiz, nada de lo que admitió en el acuerdo de conformidad alcanzado hace dos meses con la Fiscalía y las acusaciones por los presuntos amaños del Plan General de Alicante es ya cierto. Ni las supuestas dádivas entregadas a los exalcaldes de la ciudad Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ni las supuestas maniobras para conseguir un planeamiento urbanístico más favorable a sus intereses. Cuando el pasado martes 23 de junio, Francisco Ruiz Marco, el abogado de Enrique Ortiz, comunicaba a la Audiencia de Alicante que se retractaba del acuerdo de conformidad se indicó que su postura procesal volvía a ser la del escrito de defensa presentado en mayo de 2018. Un documento en el que no sólo no se admite ninguno de los hechos delictivos que se le imputaban, sino que se alega que no sabe de qué le acusan y se pide la nulidad de toda la investigación.
Entre una postura procesal y otra ha venido la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Elche en la que se anulan las pruebas que dieron inicio al llamado caso Brugal. Las escuchas telefónicas fueron autorizadas inicialmente para investigar una supuesta trama de sobornos para la adjudicación de la contrata de la basura en el Ayuntamiento de Ortihuela. En el transcurso de esas intervenciones telefónicas se fueron descubriendo nuevas irregularidades y se terminó con cerca de una veintena de piezas separadas por presuntos casos de corrupción. Entre ellas, las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante, por las que, entre otros, se sentarán en el banquillo Ortiz y los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
Enrique Ortiz se enfrentaba a una petición de pena de hasta ocho de cárcel por la Fiscalía Anticorrupción. Con el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril entre el promotor y las acusaciones, éste sería condenado a penas que sumaban dos años cárcel por cohecho y tráfico de influencias, así como al pago de un millón y medio de euros entre indemnizaciones y multas. Las penas pactadas suponían que el empresario no entraría en prisión y las acusaciones le aplicaron atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas, ya que la instrucción judicial se ha dilatado durante más de una década. El día que se firmó el acuerdo ante el Letrado de la Administración de Justicia, alguna de las acusaciones llegó a agredecer expresamente a Ortiz por haber optado por colaborar.
Por razones de economía procesal, en el acuerdo firmado no se incluyeron los más de 550 folios del profuso escrito de acusación de la Fiscalía y se limitaban a recoger los delitos y las penas pactadas, aunque con la firma se asumía el relato de hechos que allí se exponía. Especialmente la entrega de dádivas y regalos a Alperi y Castedo. Unos presentes que, según el fiscal, «no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquéllos o dando satisfacción a los intereses conforme le fueron demandados»
Hasta que ha llegado la sentencia de Elche que ha causado un giro de 360 grados en la postura procesal del empresario. La posibilidad de que la nulidad dictada en Elche y que ha supuesto la absolución de los 34 acusados se pueda extender a este proceso ha provocado que Ortiz se retracte y que su postura en el proceso sea la de antes del acuerdo.
«Relatos sin concretar»
En el escrito anterior, la defensa sostenía que no sabía de qué se acusaba exactamente al empresario. El escrito de acusación era «una simple exposición construída a caballo de ??? conversaciones telefónicas de unos sucesos relacionados con el revisión del PGOU y de la actividad telefónica del señor Ortiz durante dos años». Por lo que se insistía en que «no existe una descripción individualizada de la conducta, ni de la del señor Ortiz ni de la de cada uno de los nueve acusados (...) no se describen los hechos y, como no se describen, tampoco se atribuyen de forma mínimamente concreta a cada uno de los supuestos autores». Ni se concreta en qué habrían consistido las presiones para influir en las autoridades públicas, ni cambio de qué habría entregado las supuestas dádivas Ortiz a las máximas autoridades municipales. El escrito impugna tanto las escuchas, como las transcripciones, así como el contenido de los atestados policiales que constan en la causa.
Las retractaciones continúan porque Virgilio Ortiz, hermano del promotor, y Santiago Bernáldez, empleado de confianza de este último, oficializaron ayer su renuncia a la conformidad y la ruptura de los acuerdos alcanzados con las acusaciones. Ambos reconocieron en su día haber realizado entregas de dinero en efectivo en el domicilio de Alperi, hechos por los que aceptaron una condena de tres meses de prisión cada uno. Ninguno de los dos se va a sumar a esta acuerdo tampoco y ayer presentaron un escrito para notificarlo de manera oficial.
