El Ayuntamiento de Alicante, con Luis Barcala al frente, llevará a los tribunales a la Autoridad Portuaria, presidida por Juan Antonio Gisbert, ante la imposibilidad de prorrogar el convenio de la terminal de autobuses de la ciudad de Alicante, que finaliza el próximo 30 de junio. «Dos no negocian si uno no quiere. Los contactos empezaron en diciembre, pero nos hemos encontrado con una pared. La Autoridad Portuaria no se mueve, y no nos trata como merecemos, lo hace como si fuéramos una administración inferior», señaló ayer el concejal de Transportes, Manuel Villar (PP), durante el pleno ordinario en respuesta a una pregunta de los socialistas sobre el futuro de la concesión. «Esto va a acabar en los tribunales», avanzó el edil popular.
En la sesión de ayer, el socialista Francesc Sanguino aseguró que «se han agotado todas las prórrogas sin que el Ayuntamiento haya firmado una nueva concesión para darle continuidad a la estación de autobuses en su emplazamiento actual». Así, según la legislación portuaria vigente, «se puede tramitar un nuevo convenio, con nuevas condiciones económicas», prosiguió Sanguino, quien apuntó que, «si la Autoridad Portuaria rechazara otras posibles ofertas y firmara una nueva concesión con el Ayuntamiento, el nuevo convenio supondría por ley un aumento de las tasas que puede triplicarse». Es decir, pasar de 70.000 euros a 210.000 euros.
Por su parte, fuentes de la Autoridad Portuaria de Alicante apuntaron ayer -tras el anuncio del bipartito de acudir a los tribunales- que el alcalde, Luis Barcala, conoce la situación en la que se queda la estación de autobuses de Alicante desde el pasado mes de diciembre, cuando el regidor pidió la última prórroga posible de seis meses, que acaba el próximo martes, 30 de junio. No hay más prorrogas por ley, según un informe de la Abogacía del Estado tras concederse prórrogas al exalcalde socialista Gabriel Echávarri en 2016 y a Luis Barcala en 2019.
La complicada situación de la estación de autobuses de Alicante, en teoría provisional mientras se construía la estación intermodal del AVE, arranca en 2006 cuando en el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente del Puerto, Mario Flores, firmaban un convenio para la construcción de la estación que en 2016 debía a pasar a propiedad de la Autoridad Portuaria. En 2010, la alcaldesa Sonia Castedo y el presidente del Puerto, entonces Miguel Campoy, firmaban un acuerdo para realizar otras obras a cambio de ampliar el plazo a 2018. Echávarri pediría dos años más. Ahora, ya no hay más opciones de extender el actual convenio, por lo que a partir del próximo martes el Ayuntamiento ocupará ilegalmente el edificio, que pasará a ser propiedad del Puerto. «Lo saben desde hacer meses y no se han movido», aclaró un portavoz del presidente Gisbert.
Un juzgado rechaza convertir en fija a una interina que lleva diez años en el Ayuntamiento
La sentencia de lo Contencioso número 2 choca con la resolución del Contencioso 4, que falló a favor de la consolidación laboral
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha rechazado la conversión en fija de una trabajadora interina que lleva más de una década como conserje en el Ayuntamiento de Alicante. Así lo anunció ayer el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González (PP), durante el pleno ordinario. Esta sentencia choca de frente con la reciente resolución del Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, que reconoció como fija a otra funcionaria interina del Ayuntamiento de Alicante, igualando sus derechos a los de un funcionario de carrera.
En el caso conocido ayer, el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 admite que es «indiscutible» que la administración local «ha desnaturalizado con su forma de proceder la figura del funcionario interino, dado el tiempo transcurrido desde su nombramiento, lo que evidencia que el puesto de trabajo atendía necesidades estructurales del Ayuntamiento». Sin embargo, rechaza que la funcionaria interina deba permanecer en el puesto de trabajo que ocupa desde el año 2010. En la resolución judicial, el magistrado asegura que «comprende» el «malestar de la demandante, pero se basa en la tesis que plantea el Tribunal Supremo en supuestos idénticos al abordado». Además, subraya que la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no modifica» las resoluciones previas del Supremo.
La sentencia previa, del Contencioso-Administrativo número 4, «reconoce el derecho de la recurrente al reconocimiento de su condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera». Ambas sentencias pueden ser recurridas al TSJ.
