La crisis del covid-19 ha sacudido los cimientos del tejido económico. Por eso, todos los sectores han comenzado a trabajar ya en una hoja de ruta poscovid que les permita no solo parar el choque, sino tomar impulso en el futuro más inmediato. Un plan que, en el caso de los promotores, gira de forma especial en torno a un paquete de medidas de impulso al acceso a la primera vivienda, pero también en torno a la rehabilitación de inmuebles y la regeneración urbana. La piedra angular de su propuesta, en este sentido, se articula sobre la construcción de 15.000 viviendas en la Comunidad Valenciana. Y lo hacen partiendo de la base de que, en estos momentos, las entidades financieras sólo suelen dar préstamos hipotecarios que cubren el 80% del coste del inmueble. Por eso, piden a la Generalitat que avalen el 20% restante, de manera que se cubra el 100%, pensando sobre todo en los menores de 35 años, aunque también en familias que quieren adquirir una primera vivienda de nueva construcción. Así se recoge en el documento que la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova), de la que forma parte la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), acaba de hacer llegar a todos los grupos con representación en las Cortes Valencianas.
Los promotores, que no están de forma directa en la comisión de reconstrucción autonómica de las Cortes, pero que aún así han hecho llegar sus reivindicaciones, parten de la base de que, en estos momentos, la falta de ahorros por parte de los jóvenes dificulta el acceso a una primera vivienda en propiedad, lo que hace que se acaben decantando por el alquiler como fórmula provisional para poder independizarse, y lo que, en consecuencia, genera esa tensión en los precios de los arrendamientos por la alta demanda. Ahora bien, como sostienen los promotores en este informe, eso no significa que no tengan capacidad de pago, y mucho menos que no quieran tener una vivienda en propiedad. De ahí que consideren necesario implantar políticas activas que impulsen el acceso a un inmueble en propiedad. Unas políticas que pasarían por la puesta en marcha de esos avales, que fundamentan con cifras en la mano.
Tanto es así que, según los cálculos que hacen desde el sector de la construcción, el impulso del acceso a una primera vivienda entre los jóvenes tendría un efecto económico casi inmediato, por el empleo generado y la recaudación de impuestos que implica la construcción nueva. En números, levantar 15.000 viviendas en la Comunidad Valenciana permitiría crear 36.000 empleos y teniendo en cuenta la recaudación directa e indirecta, y contabilizando los impuestos estatales, autonómicos y locales, podrían entrar en las arcas públicas hasta 684 millones.
Cierto es que esas garantías que asumiría la Administración autonómica no estarían exentas de riesgos, aunque para los promotores no son equiparables a los beneficios sociales y económicos que se plantean. «El riesgo que se asume es el del posible impago de la hipoteca por parte del comprador y este es bajo, con niveles reducidos y manejables actualmente», sostienen en su informe. Al respecto, consideran que se trata de personas solventes cuya tasa de impagos de los préstamos hipotecarios en el peor de los casos -la situación que se vivió en 2014- nunca ha llegado a superar el 6,32%, a lo que añaden que, en cualquier caso, el riesgo siempre podría transferirse a la iniciativa privada, como un producto financiero más. Sus estimaciones, sea como sea, apuntan a que para las 15.000 viviendas propuestas, partiendo de un precio medio de 180.000 euros, con un default o impago desde el inicio y con la ratio más alta desde que existen registros, el coste que asumiría la Generalitat Valenciana podría alcanzar los 34 millones de euros. «Siempre en un escenario extremo», alertan en el documento, y teniendo en cuenta que, en la práctica, el impago debería calcularse a lo largo de los diez años de cobertura estimada, por lo que creen que el importe de esa cobertura sería menor, y distribuida a lo largo de esos diez años.
El propio presidente de Provia, Antonio Fernández, de hecho, defiende sin ambages esta propuesta, sobre todo como alternativa a la escasez de VPO. «La gente joven quiere emanciparse, pero no tiene más remedio que irse de alquiler, porque no tiene ahorros para poder asumir el coste de la entrada, aunque sí podría pagar la cuota hipotecaria. Por eso, si la Administración diera esos avales, optaría por adquirir las viviendas en propiedad, con lo que eso supondría en términos de recaudación de impuestos y de empleo, pero también para los bancos, que podrían prestar más dinero». A ello, el dirigente patronal añade que «los riesgos son limitados, porque la gente lo último que deja de pagar es la cuota de su casa, y el mercado del alquiler también se estabilizaría». Es más, señala que esta experiencia ya se implantó en su día en Reino Unidos con buenos resultados.
Rehabilitación
Si bien es cierto que el plan gira de forma especial en torno a ese plan de acceso a la primera vivienda, los constructores tampoco se olvidan del papel que puede jugar la regeneración urbana y la rehabilitación de vivienda , sobre todo con la vista puesta en mejorar aspectos como la eficiencia energética, las condiciones de accesibilidad y el estado de conservación. «La rehabilitación de edificios constituye asimismo un motor de crecimiento y empleo», subrayan desde la patronal de los promotores.
Al respecto, detallan que el estado en el que se encuentra el parque de viviendas de la Comunidad es bueno en su mayoría. Sin embargo, el 10% se encuentra en estado ruinoso, malo o deficiente, lo que, a efectos prácticos, supone que más de 315.000 viviendas podrían ser susceptibles de rehabilitación o reforma. No obstante, según los datos de Fomento, en 2019 en la Comunidad solo se rehabilitaron 3.260 viviendas, pese a las medidas impulsadas desde diferentes administraciones. Así las cosas, lo que reivindican desde el sector es el desarrollo de medidas de apoyo a la rehabilitación y regeneración urbana, «ampliando la inversión y mejorando la efectividad de las mismas», puntualizan. Eso sí, insisten en que la rehabilitación debe acometerse siempre que haya un estudio previo que certifique que es la mejor alternativa frente a la construcción de vivienda nueva.
