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CORONAVIRUS

Consumo investiga el cobro de una «tasa covid» en residencias de mayores

La multinacional Colisée insta a sus usuarios a abonar 85 euros al mes de forma temporal

Consumo investiga el cobro de una «tasa covid» en residencias de mayores

El Ministerio de Consumo investiga ahora si los contratos privados entre la multinacional Colisée y los usuarios de las 50 residencias de mayores que gestiona en España -25 de ellas en la Comunidad Valenciana bajo la marca La Saleta- pueden o no cobrar una «tasa covid» a los mayores que viven en sus residencias ante las «medidas extra de seguridad».

Y es que la multinacional envió una carta a sus usuarios en los que les comunicaba que, en la siguiente factura, «incluiremos una aportación adicional de carácter temporal de 85 euros mensuales. Se trata de una aportación discrecional que se aplicará hasta diciembre de 2020», ya que la pandemia mundial de la covid-19 «ha supuesto horas extra de nuestros profesionales, nuevas incorporaciones, compra de material de protección y otras medidas urgentes y necesarias para proteger a nuestros residentes y a los profesionales que trabajan con nosotros». Infolibre publicó la misiva y desde la multinacional Colisée indicaron que se trataba, en todo caso, de una «aportación voluntaria».

Todas las empresas y sectores han adecuado sus instalaciones a las medidas de seguridad impuestas en la pandemia para poder reabrir sus negocios. Sin embargo, el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ya le indicó a las comunidades autónomas que imponer un cargo extra al usuario por cumplir con las medidas de higiene y protección era «ilegal».

Así se especifica para el pago de la factura de un restaurante, por ejemplo. Es decir, el establecimiento no puede cobrar nada por los gastos que haya tenido por adecuar su local. Imponer una tasa o un «extra» en ese caso es ilegal.

Ahora bien, ¿qué ocurre en las residencias? La respuesta del ministerio pasa «por estudiar los contratos entre las empresas y los usuarios y eso es lo que estamos haciendo para ver si el acuerdo contempla alguna cláusula que ampare ese gasto extraordinario, o no. En un bar no hay contrato de por medio, pero en una residencia, sí», explican las mismas fuentes.

Denuncia de los Consumidores

Sin embargo, Facua-Consumidores en Acción sí advierte de que aplicar a los usuarios de las residencias de mayores un recargo por las medidas de seguridad que deben adoptar a raíz de la pandemia por covid-19 «es abusivo e ilegal». Por ello, la entidad asegura que presentará denuncias contra los centros de mayores que apliquen el cobro extra a sus residentes ante la autoridad de consumo autonómica correspondiente e insiste en que, al igual que en otros sectores de actividad como la hostelería o clínicas dentales, «el hecho de que se informe a los usuarios de la existencia de este recargo no lo convierte en legal». Además, insta a las autoridades competentes a sancionar a los centros que incurran en estas prácticas que, reitera, «son ilegales».

Respecto al caso concreto de la multinacional Colisée, desde Facua recuerdan que el decreto 1/2007, de 16 de noviembre -por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios-, recalca en el artículo 89 que son cláusulas abusivas «la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados» y «los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación».

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