El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, mostró anoche su apoyo al Ingreso Mínimo Vital y se sumó a la demanda generalizada de los ayuntamientos de fondos y medios si finalmente tienen que tramitar esta nueva renta aprobada por el Gobierno para ayudar a las familias damnificadas por el covid-19. En una reunión telemática con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que participaron 23 alcaldes y alcaldesas de las ciudades más pobladas y los de aquellos municipios que cuentan con mayor número de beneficiarios potenciales del Ingreso Mínimo Vital, Barcala expresó ante el ministro su predisposición a colaborar en la aplicación de esta prestación pero coincidió con el resto de ediles en alertar del peligro de que los servicios sociales se saturen si siguen asumiendo competencias impropias sin los recursos necesarios para afrontarlas.
Barcala suscribió la reivindicación unánime de los alcaldes al ministro Escrivá «de fondos, ayuda, claridad en la gestión y la necesidad de compartir información para evitar duplicidades, y poder tramitar de forma correcta y rápida el Ingreso Mínimo Vital». También alertó de la posibilidad de que se planteen dudas jurídicas en los servicios de Intervención municipales para poder suscribir un convenio que implique el pago de unos servicios por competencias impropias. El ministro dejó en el aire la posibilidad de recurrir a la administración local dado que, según trasladó a los alcaldes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social está demostrando gran capacidad para absorber las peticiones de renta mínima vital.
En Alicante la gestión del área de Acción Social de la emergencia durante la pandemia ha sido muy cuestionada. Varios colectivos, entre ellos la plataforma de Afectados por la Hipoteca y Marea Roja, pidieron la dimisión de la edil Julia Llopis en una protesta celebrada ayer en la plaza del Ayuntamiento, con presencia de la oposición. Por otro lado, el Ayuntamiento dedicará una escultura en recuerdo de las víctimas del covid-19. Todos los grupos políticos han suscrito una declaración institucional propuesta por el PSOE respaldando la iniciativa, que irá a pleno el día 25 y que reconocerá también el comportamiento ejemplar de los alicantinos. El monumento se hará tras un concurso de ideas.
