Unos 300 funcionarios interinos del Ayuntamiento de Alicante se encuentran en una situación similar a la de la trabajadora municipal que acaba de lograr una sentencia judicial que le reconoce como fija tras acumular trece años como temporal, cuando el límite máximo son tres años. La resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, que desveló ayer este diario, supone un hito en la lucha de los interinos de la administración pública en España, que llegaron a acudir a Europa en defensa de sus derechos laborales.
En el Ayuntamiento, según fuentes municipales, unos 300 trabajadores cumplirían los requisitos recogidos en la sentencia para que les fuera reconocido «el derecho al reconocimiento de su condición de empleado público fijo y a permanecer en su puesto de trabajo con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables», aunque, eso sí, «sin adquirir la condición de funcionario de carrera».
Sin embargo, el gobierno municipal de Alicante no tiene ninguna intención de abrir el camino a la consolidación de esas 300 personas, y menos en el actual contexto, tras lanzarse una Oferta Pública de Empleo (OPE) de más de 300 plazas. En primer lugar, el Ayuntamiento ha anunciado que pedirá una aclaración de sentencia a la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante y, posteriormente, prevé recurrir la decisión al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).
Desde el Fesep (Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos) reclaman al Ayuntamiento de Alicante que asuma la resolución judicial y convierta en fijo al personal local que se encuentren en una «situación análoga» a la de la recurrente. Además, el sindicato añade que, para evitar «un daño irreparable», se suspendan las oposiciones ya iniciadas.
Por otro lado, el sindicato CGT se ha congratulado de la sentencia, ya que ha sido uno de los principales impulsores de las últimas movilizaciones del personal municipal de Alicante. «El déficit estructural que arrastra el Ayuntamiento y el consiguiente abuso del empleo temporal y la consecuencia lógica de no cumplir con la obligación de ejecutar la oferta de empleo público en el plazo máximo de tres años ha sido marca de la casa», señalan desde la organización sindical.
Por su parte, Compromís anunció ayer que llevará la sentencia al próximo pleno municipal, previsto para el jueves 25 de junio. En concreto, será a través de una pregunta dirigida al concejal de Recursos Humanos, José Ramón González: «¿Qué medidas inmediatas va a adoptar o contempla el Ayuntamiento respecto a los interinos que pueden beneficiarse de la sentencia?». Por ahora, la intención del bipartito es recurrir la resolución judicial ante la siguiente instancia, que en este caso es el TSJ de la Comunidad.
