Punto final al proyecto para sacar de la calle a personas "sintecho" en la ciudad de Alicante después de más de dos años en marcha. La ONG que gestionaba hasta ahora la iniciativa Housing First en la capital ha anunciado que renuncia a seguir con el proyecto tras el bloqueo de las ayudas municipales derivado de un informe del área de Intervención del Ayuntamiento, en el que se recoge la falta de justificación de ayudas recibidas en 2017.

El director de Hogar Sí en España, José Manuel Caballol, ha adelantado que se han visto obligados a cerrar el programa "a finales de junio" por no poder seguir costeando los gastos y que reclamarán, "por la vía administrativa o por cualquier otra, las cantidades pendientes de pago". La ONG se refiere a las subvenciones no cobradas referidas a los años 2018 y 2019, que ascenderían a 267.903 euros. Caballol ha continuado señalando que se sienten "engañados" por el Ayuntamiento de Alicante que, a su juicio, les ha dejado "tirados" y no les ha dado "ninguna oportunidad de defender el proyecto". El bipartito se apoya en el informe de Intervención.

El proyecto promueve 400 viviendas en 18 municipios de toda España, repartidos entre diez comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana, este programa se realiza en València y Alicante y consiste en la selección de personas que viven más de tres años en la calle sin hogar, a los que, tras un proceso de petición y un sorteo aleatorio, se les asigna una vivienda. En el caso de Alicante, Caballol ha recordado que el convenio se firmó en 2017 con el tripartito del PSOE, Guanyar y Compromís. Este acuerdo comprendía diez viviendas, en las que actualmente residen siete personas. La organización tiene en plantilla a dos trabajadores que realizan las labores de supervisión.

Parte de estos gastos procedía de las arcas municipales y otra parte se financiaba mediante la convocatoria de ayudas a cargo del IRPF de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, una ayuda que el gabinete de Mónica Oltra está tratando de ampliar, también para el programa Housing First, según han confirmado fuentes de la conselleria. "Un informe de la Intervención municipal señaló que había problemas en los gastos presentados en el ejercicio de 2017", ha asegurado Caballol. "Sin embargo, ni nos han indicado qué conceptos o cantidades estaban mal ni nos han pedido que devolvamos el dinero". Las ONG continuaron con su labor durante los dos años siguientes. Según los datos que maneja Hogar Sí, estas partidas fueron de 128.706 euros para 2018 y de 139.197 para el año siguiente. Pero en 2020, "lo único que nos encontramos es que han retirado las partidas presupuestarias de los años anteriores y que no han asignado nada este año". Caballol ha manifestado que han pedido una solución "para que las siete personas afectadas no tengan que volver a la calle".

Informe de intervención aprobado en Junta de Gobierno

El proyecto Housing First en Alicante, encaminado a sacar de la calle a sintecho, nació en la etapa del tripartito de izquierdas, con Guanyar Alacant al frente de la Concejalía de Acción Social, y "se entierra" ahora, con el ejecutivo municipal en manos del PP y Ciudadanos. Y todo por un informe de Intervención municipal relativo a la falta de justificación de ayudas que se remontan al año 2017. De hecho, la Junta de Gobierno local desestimó a principios del mes de mayo el intento de la Asociación Provivienda y de la Fundación de Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral de suscribir los convenios pendientes y cobrar la subvenciones nominativas relativas al proyecto de los años 2018 y 2019, que entre ambas rondan los 270.000 euros.

En el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, se explica que Alicante se unió al proyecto en enero de 2018, al firmarse un primer convenio para la erradicación del sinhogarismo con un coste de 15.700 euros. Posteriormente, los Presupuestos de 2019 y 2019 previeron subvenciones de 128.000 y 139.000 euros respectivamente para la continuidad del proyecto social en la ciudad.

Sin embargo, en 2018 se detectó un "escollo" que ha derivado en la finalización de la iniciativa en Alicante: la posibilidad de conceder la subvención de 2018 dependía de la correcta justificación de la otorgada en 2017 con mismo propósito, tal y como señala la Ley de Subvenciones. "Algo que estaba pendiente", según explica un informe de Intervención, que subraya que la justificación de esa ayuda se convirtió a partir de ahí en el principal problema para la tramitación de las siguientes subvenciones. El interventor, en sucesivos informes realizados entre 2018 y 2019, detalla la falta de justificación de ese dinero relativo a 2017, añadiendo que se habían "detectado costes indirectos imputados que no estaban debidamente justificados". El interventor explica que las entidades intentaron solventar el problema con la aportación de documentación. Sin embargo, no lo consiguieron.

Así, a mediados de 2019, ambas entidades registraron un escrito en el Ayuntamiento pidiendo la firma de los convenios y el pago de las subvenciones, alegando que el programa de 2018 "se había ejecutado" y que el de 2019 "estaba en proceso de ejecución". Además, no sólo pedían el pago de 128.000 euros de 2018 y 139.000 euros de 2019, sino también los intereses de demora. Este hecho, se llegó a remitir a Servicio Jurídicos, que lo devolvió alegando que "no era de su competencia". En posteriores escritos, las dos asociaciones subrayan "el grave perjuicio económico" por no percibir el dinero relativo a los años 2018 y 2019.

En el acuerdo de gobierno aprobado de hace un mes se incide en que "la mera previsión en el presupuesto de una subvención nominativa no confiere derecho alguno a su obtención". En esa línea, además, se subraya que si las entidades "siguieron con su actividad lo fue por su cuenta y riesgo pues, más allá de la previsión presupuestaria, no existía convenio alguno con el Ayuntamiento que sustentase su actitud y su voluntad de proseguir con el programa".

Así, con el acuerdo del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Alicante se desentiende de la actividad ejercida al amparo de este programa desde el año 2018 al no existir convenio en vigor con la administración local. Según fuentes de Acción Social, la iniciativa empezó con diez sintecho y actualmente tiene en viviendas de Alicante a siete personas.