Que el tiempo hace mella en cualquier relación es un hecho, poniendo muy cara la confianza. Pasó en el tripartito de izquierdas y las primeras fisuras se abren paso en el bipartito de derechas, con desavenencias cada vez más frecuentes. Las últimas, el polémico contrato del asesor de Cultura para el concejal Antonio Manresa, que ha enojado al PP; y el anuncio de peatonalización realizado por el popular José Ramón González, a espaldas de sus socios de gobierno, que ha molestado, y mucho, en el seno de Ciudadanos. Un clima enrarecido que ambas partes intentan silenciar pero que existe.
Fue el propio alcalde, Luis Barcala, quien confirmó las sospechas que se ceñían sobre la contratación de un asesor para el área de Cultura, en principio para tareas de promoción en redes sociales, cuando dijo que Ciudadanos había optado por la vía del contrato menor para suplir la baja de una funcionaria. Sus palabras supeditando la contratación al informe del interventor y de la oficina presupuestaria, para ver si tiene encaje dentro de las medidas vinculadas al covid-19, evidenciaron las dudas internas. Lo que todo el mundo sabe en el Ayuntamiento es que hay malestar en el seno del bipartito por la elección de la fórmula del contrato menor, que no ha gustado nada al PP, por parecer una maniobra con la que sus socios pretenden burlar el límite de asesores, que ya han agotado.
Tampoco les gusta el momento elegido por Ciudadanos, la era postpandemia marcada por la emergencia social, para realizar un fichaje a dedo con el que reforzar la política comunicativa de la Concejalía de Cultura. Los primeros informes apuntan a que el área que dirige Manresa, que es además portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos, en cuyo seno tampoco gusta este asunto, recurrió a esta fórmula para suplir la baja de una funcionaria. El decreto que firmó es cuanto menos controvertido ya que entre sus objetivos figura «la asistencia y asesoramiento al concejal de Cultura». Esos términos que están escritos le dejan en mal lugar de cara a sus socios de gobierno puesto que públicamente dijo que el asesor se dedicaría solo a potenciar las «redes sociales».
Es reveladora la reacción que tuvo Manresa, otro síntoma de desgaste en las relaciones bilaterales, dando a entender que el alcalde poco menos que no se entera al escribir en un tuit que «alguien no tiene toda la información, le llega sesgada o no se la transmiten», en respuesta a las manifestaciones de Barcala sobre el polémico contrato para sustituir a una funcionaria interina.
Este asunto se enreda con el plan de peatonalización en el que trabaja el concejal popular José Ramón González, que dio publicidad a sus detalles 24 horas antes de que se constituyera el grupo de trabajo de movilidad sostenible que se enmarca dentro de la Comisión para la Recuperación de Alicante presidido por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, de Ciudadanos, vaciando de contenido a este instrumento.
Tras crearse la comisión, Santos criticó que no se hubiera debatido en el seno del bipartito un documento que les genera dudas. Una reacción, la del edil de Urbanismo, que llegó al día siguiente de que el PP presentara su plan de peatonalización, solapándose con la salida a la luz del polémico decreto de Manresa.
En la oposición piensan que más que el factor político o el ideológico, es el humano el que pesa desde el principio en las relaciones en el seno del bipartito y que, tras el estreno de Barcala en la Alcaldía como un «rodillo», Ciudadanos no ha terminado de encontrar su sitio, a lo que tampoco ayudó el polémico vídeo del «me aburro» de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez al inicio de la pandemia. Desde el principio del mandato han tenido sus diferencias, con fricciones a la hora de elaborar el presupuesto y choques por la sentencia del ruido y la elección del director del Principal, un caldo de cultivo para unos roces que van a más. El ruido de sables es cada vez más fuerte.
