El arranque de la desescalada en la batalla contra el covid-19 ha comenzado a reactivar el sector de la construcción pública y privada en la provincia y, prácticamente, se ha vuelto a retomar la tramitación administrativa de todas las licitaciones que se paralizaron cuando se decretó el estado de alama. Los empresarios reclaman, sin embargo, un plan potente de infraestructuras apoyado por los fondos económicos y las ayudas que puedan llegar de Bruselas y, sobre todo, que la Administración, y en concreto, los ayuntamientos, salgan de su particular confinamiento y retomen las tramitaciones, según subrayan Javier Verdú, presidente de la patronal de Obra Pública (Fopa) y Jesualdo Ros, secretario general de Provia.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ya ha movido ficha y se ha comprometido con Fopa ha desarrollar en los próximos años una inversión pública de más de cien millones de euros, con más 400 obras y la creación de 5.000 empleos en la construcción, además de mil servicios técnicos de ingenieros, aparejadores o arquitectos.
«La Diputación ha estado trabajando durante estos últimos meses para evitar la paralización de los plazos y de las obras públicas que ya teníamos en marcha, y para tramitar lo más rápido posible Planifica, un programa que, estamos seguros va a tener un enorme impacto tanto en la actividad económica de nuestros municipios como en la generación de empleo, especialmente en un sector que se está viendo muy afectado por la crisis del coronavirus», subraya el presidente Carlos Mazón.
El gran problema ahora es que el Gobierno carece de presupuestos ni fondos para afrontar obras, debido a la emergencia social que ha generado la crisis del covid-19, por lo todo queda ahora a expensas de que el Ejecutivo logre aprobar unos presupuestos (España sigue ya dos años con las cuentas de Rajoy), y que Europa comience a enviar ese maná de 77.000 millones de euros, pero no se esperan hasta el otoño.
Javier Verdú, presidente de Fopa, asegura que en la situación actual la construcción es la actividad que puede frenar y resolver el problema del paro generado en otros sectores, creando empleo de forma inmediata y muy relevante. «De momento se puede afirmar que en nuestro sector estaremos ya con el 90% de los trabajadores que se fueron a los ERTE recuperados, pero hace falta que haya nuevas licitaciones, tanto privadas como públicas. Es necesario que el presidente Ximo Puig aproveche la inyección económica de Europa para articular un plan de infraestructuras con la colaboración de la iniciativa privada».
La desescalada sí ha posibilitado que se active el proceso de licitación de nueve proyectos por valor de 37 millones de euros en El Campello, Ibi, Villena, Onil, Alcoy, Alicante, Orihuela y Elche.
«La actividad de construcción se produce fundamentalmente al aire libre y por tanto, es de bajo riesgo sanitario, y que además, por poner un ejemplo, un contrato de obra de un millón de euros , requiere de 20 a 25 trabajadores, entre empleos directos e indirectos» señala Verdú. «La principal reclamación es que se proceda a la continuación de la instrucción de los procedimientos y de los expedientes de licitación, es decir que se vuelva a licitar con normalidad y es importante que se permita a los municipios utilizar el superávit del que disponen para invertirlo en obras públicas. Generar inversión en obra es generar empleo, algo fundamental en estos momentos», afirma el presidente de la patronal de obra pública.
Pero para activar este sector, en primer lugar es necesario, según la patronal, acelerar de forma urgente a todos los procedimientos de licitación pública en fase de tramitación incluyendo aperturas de plicas, los informes correspondientes, adjudicaciones y firmas de contratos, e iniciar los nuevos procedimientos previstos en los presupuestos planificados por las distintas administraciones.
«Resulta imprescindible para generar actividad y empleo a nivel local permitir que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit acumulado para realizar inversiones en obras públicas en los municipios. Es necesario que se arbitren normas para agilizar la tramitación, para la concesión de licencias de obras de construcciones residenciales e industriales y para generar y desarrollar el suelo y, por ejemplo, viviendas sociales».
Y con respecto a las infraestructuras pendientes de ejecución en Alicante y en la Comunidad Valenciana en materia de movilidad viaria y ferroviaria, y a gua y de energía, «es el momento ideal de impulsar un Plan Especial de Infraestructuras con proyectos susceptibles de ser financiados por el Banco Central Europeo y por supuesto, contando con la iniciativa privada en colaboración con el sector público para poder acometerlos y desarrollarlos», reiteró Verdú.
En la mente de todos obras paradas como la ampliación de la autovía Alicante-Murcia, la mejora de la autovía Alicante-Villena, y el tren de la costa.
Promoción inmobiliaria
En el caso de la promoción de viviendas, la desescalada ha servido para garantizar que se cumplan con compromisos (entrega de viviendas), pendientes, pero hay otro tema que urge resolver, como es la concesión de licencias. «Existe demanda pero las promociones no se ponen en marcha de la noche a la mañana. Hace falta la licencia y la financiación. Si no existe la primera, no se pueden cerrar ventas y los bancos para darte el crédito piden que tengas vendida el 50% de la promoción», advierte Ros.
Jesualdo Ros reclama que los «ayuntamientos deben salir de su burbuja y mover las licencias y licitaciones. Es un tema estratégico porque existe demanda y en nada que se muevan se pueden generar trabajo con rapidez. Por poner un ejemplo. Si activaran ya todas las licencias que tienen pendientes de aprobar desde 2019, aunque luego hubiera que incorporar algún matiz, la creación de empleo sería inmediata porque tenemos mucha demanda de vivienda, sobre todo de extranjeros. Es algo que nos ha sorprendido», apunta el secretario general de los promotores inmobiliarios.
Provia y la Asociación de Promotores Constructores de España exigen, por otra parte, desarrollar un nuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el Plan 20.000, adaptando su dimensión a la nueva situación a través de la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva, lo que aumentaría la oferta de vivienda y generaría un alto volumen de empleo. Para el sector es imprescindible que el plan actualice los módulos de venta y de alquiler de las viviendas protegidas, para poder construir sobre los suelos de reserva. Ambas asociaciones, también, consideran fundamental fomentar la colaboración público-privada en el diseño e implementación de políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler.
Una de las medidas prioritarias para mejorar el acceso a la vivienda y, por tanto, incrementar la compraventa, es la aprobación de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda que estimulen la compra, tal y como han hecho otro países europeos. Según destacan los promotores, en Reino Unido, el programa "Help to Buy" ha logrado aumentar la adquisición de nuevas casas y facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, a través de avales estatales. Esta medida no conlleva coste al Estado, al no computar como deuda.
Recorte de un 4% en los visados para pisos nuevos
Recorte de un 4% en los visados para pisos nuevosSegún los últimos datos del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, en la provincia se iniciaron 2.068 viviendas en el primer trimestre del año, lo que supuso un recorte del 4% sobre las cifras del mismo periodo de 2019. La Vega Baja, con 760 viviendas fue la comarca más activa, seguida de el área metropolitana de Alicante (541), Elche, Santa Pola y Crevillent (322), las Marinas (318) y el interior (127). Según el Colegio de Registradores, la compraventa cayó un 33,6% en abril, un porcentaje asumible dada la paralización económica provocada por el covid-10. En España, el bajón fue del 43,9%.
