El decreto sobre el contrato menor realizado por la Concejalía de Cultura de Alicante para ampliar su nómina de asesores colisiona con la versión que dio el concejal del área y portavoz adjunto de Ciudadanos, Antonio Manresa, y va en la línea defendida por el alcalde, Luis Barcala (PP), y previamente por la funcionaria que hasta ahora se encargaba de las labores de Comunicación de la Concejalía y que desde hace una semana se encuentra de baja de larga duración por embarazo. También refueza las sospechas de la oposición. Tanto el PSOE como Podemos valoran ir a la Fiscalía para que dirima la justicia.
En la parte resolutiva del documento se recoge que la persona contratada a dedo por el concejal de Cultura tendrá como labor, entre otras, «difundir las actividades que se realizan en la concejalía tanto en medios convencionales, prensa digital, radios y televisiones». Esto significa que el experto, fichado al margen de la bolsa de interinos que tiene el Ayuntamiento, realizará tareas coincidentes con las que llevaba a cabo en los últimos años la funcionaria ahora de baja maternal, pese a que el edil aseguró que el experto se encargaría en exclusiva de potenciar las redes sociales de Cultura. En concreto, Manresa dijo el lunes, a preguntas de este diario, que «la persona que hemos contratado se dedicará a potenciar las redes sociales, no a realizar comunicados de prensa», una versión que choca con el decreto oficial que él mismo firmó cuatro días antes, el 28 de mayo, un día antes de la marcha de la funcionaria. El impulso en las redes se recoge en otro punto del documento, junto a otras labores complementarias del contrato.
En el decreto se añade que el asesor fichado tiene entre sus objetivos «la asistencia y asesoramiento al concejal de Cultura» y «ofrecer propuestas e iniciativas con el fin de mejorar la comunicación de la concejalía», dos puntos controvertidos. Ciudadanos ya tiene repartidos entre ocho personas los cinco sueldos de asesor que le corresponden como miembro del equipo de gobierno. Si no realiza ninguna baja, Cs no puede fichar a nadie más bajo la figura oficial de personal de confianza.
Baja de larga duración
Esta contratación a dedo, con una duración de seis meses y un coste de unos 17.000 euros, se realiza coincidiendo con la baja de larga duración de una empleada pública, que en su último día de trabajo envió un mensaje interno en el que explicaba el relevo al frente de la comunicación de Cultura: «a partir del lunes, 1 de junio, y hasta mi vuelta, mi trabajo lo cubrirá... [la persona contratada]. Todo lo relacionado con las redes sociales, notas de prensa, comunicaciones que haya que publicar y, todo lo que hacía yo, debéis hablar con él». Esas palabras de la funcionaria, realizadas en una comunicación interna antes de que este diario revelara la contratación a «dedo» para cubrir sus funciones, las hizo suyas el martes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien confirmó que la contratación se realizó para «suplir» la baja de una funcionaria: «Es una cuestión puntual para resolver un problema muy concreto en una situación determinada. Se necesita suplir una baja y se ha optado por esa vía». En el decreto, se vincula también la contratación al covid-19, al asegurar que el fichaje del experto es necesario para difundir los eventos «online» de Cultura.
Otro asunto que separa al equipo de gobierno es la propuesta de peatonalización del Centro Tradicional de la que el PP dio detalles el jueves, coincidiendo con la exposición pública del proyecto, un día antes de que se constituyera la subcomisión de Movilidad Sostenible, creada dentro de la comisión para recuperar Alicante tras la pandemia, que está presidida por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos). A este grupo le disgusta que no se haya debatido en el seno del gobierno del que son socios, «no es que nos opongamos sino que genera dudas, y debe estudiarse más en profundidad», dice Santos, que cree que la Rambla se convertiría en una barrera entre el Centro Histórico y el Casco Antiguo al pasar a tener cuatro carriles para coches, alguno compartido con transporte público, y cabeceras de bus, lo que cree que le restará permeabilidad.
El edil de Urbanismo cuestiona también el planteamiento para la Explanada al no gestionar la conexión de las dos partes del paseo puesto que se mantiene el fondo de saco para que los autobuses giren. El tercer aspecto controvertido es la propuesta de peatonalización de Bailén. Santos recuerda que en el Plan de Movilidad Sostenible no es peatonal y apuesta por cerrar al tráfico Altamira.
