Nuevo toque de atención del interventor al gobierno local de Alicante por el pago de servicios fuera de contrato, es decir, por no tener un año más en orden la contratación en el Ayuntamiento de la capital alicantina. En concreto, se afea que se realicen en un ejercicio hasta 59 reconocimientos de crédito, a través de la Junta de Gobierno, por un valor de 7,7 millones para hacer frente al coste de servicios cuyos contratos han finalizado pero que se siguen prestando a la espera de regularización de nuevos compromisos contractuales. Así lo refleja el interventor en su informe anual relativo a la liquidación del Presupuesto de 2019.
En el apartado de reconocimientos extrajudiciales de crédito, el interventor subraya que el Ayuntamiento de Alicante, durante el pasado ejercicio presupuestario, realizó hasta 64 expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe de 9,5 millones de euros, entre los cinco aprobados en el Pleno y los tramitados en Junta de Gobierno.
El área de fiscalización, con todo, centra la atención en el pago de servicios fuera de contrato. Y así lo hace saber, una vez más, en un informe. «Los 56 expedientes aprobados por la Junta de Gobierno Local corresponden a contratos que adjudicados por este órgano no se había podido adjudicar el nuevo contrato antes de su finalización», señala el interventor en un documento en el que enfatiza que ese hecho pone de manifiesto una «debilidad» del Ayuntamiento de Alicante en la tramitación de los expedientes de contratación, ya que no llega a «concluir, y en algunos casos iniciar los expedientes, con la antelación suficiente para que sean adjudicados antes de la finalización del contrato anterior».
Del total de 7,7 millones sobre los que intervención pone el foco, más de la mitad de la cuantía corresponde al mantenimiento y conservación de zonas verdes (4,5 millones) -que sigue hoy prestándose fuera de contrato ante la batalla abierta entre las licitadoras por quedarse con una propuesta millonaria-, seguido de la señalización horizontal y vertical (1,2 millones) y de los servicios de telecomunicaciones (655.121 euros) y de acogida de personas sin hogar (505.744 euros), entre otros.
En el informe, el interventor pone la alerta en un contrato en prórroga extraordinaria, como es el del transporte público, después de que la concesión finalizara tras medio siglo de adjudicación. La tramitación del nuevo contrato estaba previsto que finalizase en apenas un año. Además, Intervención avisa de que existen dos facturas sobre la mesa pendientes de «clarificar»: una del Real Casino de 22.161 euros y otra, de la que no concreta el emisor, de 118.886 euros y sobre la que el gobierno municipal tampoco dio ayer información a preguntas de este diario.
Por otro lado, el interventor también subraya en su informe otra -a su juicio- anomalía del proceso fiscalizador, como supone que uno de cada cinco euros incluidos en expedientes que han pasado por sus manos hayan sido devueltos con reparos. Esto supone, según explica, que se multipliquen los esfuerzos del área. En concreto, 98,9 millones de los 508 millones fiscalizados en un año. «Los expedientes disconformes deben volverse a tramitar y fiscalizar tantas veces como resulten disconformes, con las consecuentes cargas administrativas que ello supone», insiste el alto funcionario, que aprovecha el informe anual para poner en relieve la falta de personal en su área, una reivindicación de la mayoría de servicios del Ayuntamiento de Alicante: «Esta Intervención carece de los medios humanos suficientes para poder atender en plazo y con el nivel de calidad exigible, con lo que será necesario cubrir los puestos vacantes y crear un puesto de técnico de administración general y otro de administrativo con la mayor celeridad posible».
