El Ministerio de Sanidad ha publicado los informes que impidieron a buena parte de la Comunidad Valenciana no avanzar a la fase 1 el pasado 11 de mayo.
En el primer informe, fechado el día 8 de mayo, el departamento de Salvador Illa sostiene que fue la falta de medios para hacer pruebas diagnósticas a los casos sospechosos la que impidió la desescalada.
Durante la semana anterior a la redacción de ese informe, la Conselleria de Sanidad había notificado casi 3.000 casos sospechosos de covid-19 detectados en los centros de salud. Sólo se le hicieron pruebas PCR al 20,7% de los casos. Pruebas, que por otro lado, arrojaron un elevado número de casos positivos, un 35%. Ese elevado número de pacientes sin diagnosticar y le hecho de que hubiera tantos positivos hizo saltar las alarmas del ministerio.
"Es importante garantizar que a todos los pacientes sospechosos que se detectan en Atención Primaria se les realiza un test diagnóstico para confirmar o descartar infección por covid-19 ya que, si la proporcion de positivos detectados en la semana referida se mantuviera para el conjunto de los sospechososo detectados en Atención Primaria, estaría indicando que hay una circulación considerable del virus en la comunidad con el riesgo de que se produjera un nuevo aumento de caosos si esta situación no se controla".
La Conselleria de Sanidad siempre ha defendido que el plan para hacer PCR a todos los casos sospechosos en Atención Primaria debía comenzar en la semana del 11, coincidiendo con el pase a la fase 1 y no se trataba de un requisito previo que pudiera impedir ese avance. Ana Barceló siempre ha sostenido que este rquisito se introdujo el día 6, cuando la Conselleria de Sanidad ya había elaborado y remitido a Madrid su informe para optar a la desescalada.
El informe del Ministerio de Sanidad pedía "un esfuerzo" para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100 % de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus "contactos estrechos".
Respecto a los datos de movilidad, otro de los argumentos del ministerio para no permitir la desescalada, se señala en el informe que, según los datos aportados por la Generalitat, antes de la pandemia existen flujos de población intensos entre municipios que pertenecen a provincias diferentes "que han de ser tenidos en cuenta a la hora de aliviar las restricciones de movilidad de la población".
El ministerio también alertaba de que había departamentos con tasas superiores a 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y pedía que se hiciera un seguimiento de las zonas en las que se concentraban más los casos, en la provincia en los departamentos de la courbación Alicante-Elche.
Aunque el informe indicaba que la situación epidemiológica había mejorado en los últimos días, y como muestra el índice de reproducción estaba por debajo de 1 desde el 15 de abril, pero añadía que en los catorce días anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón. La mayoría de estos casos correspondían a pacientes hospitalizados y a personal sanitario, así como de servicios esesnciales.
Otra de las "recomendaciones de mejora" era que se debía dar seguimiento al establecimiento del circuito diagnóstico en atención primaria previsto para los siguientes días y estudiar sus indicadores en las fases de implementación: proporción de sospechosos con prueba diagnóstica y tiempo de disponibilidad de los resultados.
En un segundo informe del ministerio, fechado el 15 de mayo y que permitió el pase a la fase 1 de los otros 14 departamentos de salud, se indicaba que la situación epidemiológica había mejorado, con una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus, y que la Comunidad Valenciana contaba con recursos suficientes en Atención Primaria y Salud Pública para detectar y diagnosticar nuevos casos.
Según los datos enviados por la Conselleria de Sanidad, el número de pruebas PCR a casos sospechosos en primaria habia aumentado un 10% hasta situarse en un 30%.
No obstante, el ministerio sigue insistiendo en la necesidad de aumentar las pruebas PCR y asegurar que se realizan al 100% de los casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas. También el seguimiento de sus contactos estrechos, y poner especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran los casos.
