Más de una veintena de causas abiertas en el partido judicial de Alicante a ciudadanos que han sido detenidos por un delito de desobediencia durante el estado de alarma por el covid-19 han sido archivadas por diferentes juzgados de Instrucción a petición de la Fiscalía e incluso directamente el mismo día que los arrestados pasaron a disposición del juzgado de guardia. Uno de los motivos que han conllevado al archivo de estas causas es la inexistencia de un requerimiento expreso del agente al ciudadano y que éste haya desobedecido una orden del policía. También se han sobreseído causas porque se ha imputado un delito a personas tras acumular varias infracciones administrativas por incumplir el confinamiento, cuestión en que no hay un criterio unánime entre los miembros del Ministerio Público.
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia aseguran que estos archivos suponen un porcentaje mínimo del total de causas y afirman que se han dictado sentencias condenatorias de conformidad y se han realizado ya cerca de un centenar de acusaciones por desobediencia en los diferentes partidos judiciales de toda la provincia.
No obstante, otras fuentes judiciales de Alicante sostienen que en el partido judicial alicantino sí representan un número considerable e indican que frente a una veintena de archivos hay apenas menos de media docena de casos donde la Fiscalía ha realizado acusación por delito de desobediencia.
Fuentes de la Fiscalía han explicado que si existe un requerimiento expreso y una advertencia previa del agente al infractor y éste lo incumple se trata de un delito de desobediencia.
Donde hay más controversia entre algunos fiscales es con la acusación de desobediencia a personas que han infringido el confinamiento de forma reiterada en días diferentes y al final han sido detenidos.
En uno de los informes elaborados por un fiscal de Alicante que ha solicitado el archivo de una decena de causas y así lo ha acordado el juzgado, el representante del Ministerio Público sostiene que para que exista el delito de desobediencia «es necesario que se produzca el incumplimiento de una orden directa y terminante».
En este sentido, recuerda el representante del Ministerio Público que para el delito de desobediencia la jurisprudencia exige que haya «un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta», que la orden haya sido «claramente notificada a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido»; y «la resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se le ordena».
Jurisprudencia
Las Fuerzas de Seguridad han realizado en estos meses de estado de alarma muchas detenciones de personas que han sidos sorprendidas incumpliendo el confinamiento de forma reiterada. Uno de estos casos que se ha archivado en Alicante es por este motivo y el fiscal que solicitó el sobreseimiento destacó en su informe que el mero hecho de salir del domicilio incumpliendo el obligado confinamiento es una infracción administrativa a la Ley de Seguridad Ciudadana y señala que «para ser delito es exigible que dicha desobediencia sea grave, lo que, en atención al principio de intervención mínima del derecho penal, no parece predicable de quien simplemente contraviene la norma y sale a la calle injustificadamente».
El fiscal destaca que «una suma de infracciones administrativas no constituye un delito, de modo que si alguien aparca mal su vehículo muchas veces recibirá multas, pero no existe un número de multas a partir del cual su conducta pasa a ser delito». Por ello, añade el representante del Ministerio Público, si alguien incumple de forma reiterada su obligación de permanecer en su domicilio «no puede ser entendido como constitutivo de delito sino de una suma de infracciones administrativas sancionables con multas desde 601 hasta 30.000 euros».
Para algunos fiscales, en el caso de que una persona incumpla el confinamiento y sea advertido por la Policía de que podría incurrir en desobediencia si reincide en el futuro tampoco sería delito. «Los agentes carecen de autoridad o legitimidad para realizar este tipo de requerimientos o advertencias de futuro», afirma el fiscal que ha pedido una decena de archivos, quien precisa que el ejemplo sería el de un agente que «advirtiera a un conductor de que no se debe aparcar en doble fila y que si lo vuelve hacer tras una primera sanción los hechos serían constitutivos de un delito de desobediencia».
Por contra, desde la Fiscalía aseguran que la opinión «generalizada» entre los fiscales es que no se puede comparar con una infracción por aparcar mal o saltarse una señal de tráfico con un estado de alarma y una situación especial en la que se han registrado cerca de 30.000 muertos. Por ello, afirman que también se están realizando muchas acusaciones a infractores que han reincidido en el incumplimiento del confinamiento al entender que incurren en delito de desobediencia.
El fiscal que discrepa de que haya infracción penal por el hecho de acumular varias sanciones administrativas entiende que sólo existiría el delito de desobediencia si vulnerada la situación del confinamiento existiera una orden expresa de los agentes de cesar dicha situación y no la acata. Pone como ejemplo la interrupción de una fiesta en la calle, donde el agente le da una orden expresa y el ciudadano se niega a cumplirla.
Las Fuerzas de Seguridad han sido advertidas por la Fiscalía para que reflejen bien en sus atestados las advertencias y requerimientos a los infractores del estado de alarma por el coronavirus.
792 detenidos por incumplir el confinamiento
792 detenidos por incumplir el confinamientoLa desobediencia al confinamiento y al resto de medidas restrictivas impuestas por el real decreto de estado de alarma suman ya 153.766 propuestas de sanción y 1.326 detenciones en la Comunidad Valenciana, según las cifras facilitadas el viernes por la Delegación del Gobierno. Por provincias, es Alicante la que encabeza, a mucha distancia, el ránking de arrestados: 792 en 68 días, esto es, el 60 % de todos los registrados en la Comunidad. Casi el doble de los detenidos en València, donde ha habido 456 arrestos. Muy por detrás, obviamente, se queda Castelló, donde ha habido solo 78 detenidos. Por lo que respecta a las propuestas de sanción, es València quien lidera ese apartado, con 77.213. Alicante ocupa la segunda posición, con 62.294 y Castellón se queda con la cifra más pequeña: 14.259. Las propuestas de sanción se han rebajado a un tercio de las que se imponían en los momentos más restrictivos.
