Bronca en el Ayuntamiento de Alicante por la gestión de la emergencia social en la Zona Norte, después de que las entidades denunciaran sentirse desbordadas por la necesidad de más de un millar de familias que sobreviven con la ayuda de ongs y voluntarios. En la víspera del pleno de aprobación definitiva del Presupuesto de 2020 que se celebra hoy, en el que el bipartito que gobierna la ciudad, formado por PP y Cs, tendrá que apoyarse en Vox para sacarlos adelante por la negativa de la izquierda, al equipo de gobierno se le abre otro frente. El bloque formado por PSOE, Unidas Podemos y Compromís exige la dimisión, o el cese, de la edil de Acción Social, Julia Llopis, al considerarla incapaz de evitar las «colas del hambre» en la Zona Norte, su «desprecio» a quienes se organizan para abastecer a las familias más necesitadas y sus «reiterados ataques e insultos» a estas entidades. Con todo, lo que más ha enfadado a la izquierda fue la frase «el que más ladra no es el que más razón tiene» que pronunció la edil en una entrevista en Radio Alicante, de la que más tarde se disculpó.
En cambio, el equipo de gobierno cierra filas con Llopis y habla de una campaña de «acoso» hacia una edil «que trabaja día y noche» por resolver la situación «en tiempos muy difíciles», emplazando a los tres partidos de izquierda a apoyar las reclamaciones al Gobierno central «para que nos deje utilizar el remanente de tesorería con el que hacer frente a la crisis social y económica que vive la ciudad». También quieren su apoyo para que la Generalitat «nos aporte la información real de la evolución de la pandemia en nuestra ciudad, datos que necesita el Ayuntamiento para planificar las medidas precisas».
El Síndic de Greuges abrió la semana pasada una investigación sobre la gestión social del bipartito en los barrios vulnerables de Alicante en la crisis sanitaria a través de una queja de oficio y dio 15 días al equipo de gobierno para entregarle un informe. Fuentes del ejecutivo señalaron ayer que ya está acabado y que se lo facilitarán en breve sin problema. En la entrevista radiofónica, Llopis lamentó que en el listado de las entidades hubiera «partidos políticos» y dijo que se han atendido 14.400 incidencias en la Zona Norte. Sin embargo, cuestionó la independencia del Síndic, Ángel Luna, exalcalde socialista, que dirige una institución con un adjunto nombrado por el PP y otro por Compromís, y que tiene quejas abiertas contra distintos partidos.
Llopis dijo estar convencida de que existe «intencionalidad política», y no tener duda de que es una cuestión «teledirigida» por el PSPV, al que el equipo de gobierno atacó por no ir ningún edil a la última reunión de la Oficina Municipal de Emergencia Social.
El portavoz del grupo municipal socialista, Francesc Sanguino, afeó ayer al PP que «no cree en las instituciones, las utiliza», dijo tras escuchar a Llopis cuestionar la independencia de la Sindicatura de Agravios. «Atacar la institución que vela por los derechos de la ciudadanía, en este caso de la más vulnerable, para defender la mala gestión que ha llevado a cabo la Concejalía que ella dirige, significa no creer en las instituciones, no respetarlas y utilizarlas con intereses partidistas como ha demostrado el PP en el Ayuntamiento».
Para Unidas Podemos, la edil ha dejado claro de manera reiterada «que no está capacitada para liderar los servicios sociales y que no tiene interés ninguno en combatir la emergencia social que está afectando gravemente a miles de personas en Alicante». El portavoz del grupo, Xavier López, recordó que la concejala ya afirmó en el pasado pleno que «de momento, no hay ningún muerto de hambre» y ahora protagoniza «una nueva salida de tono faltando al respeto» a las entidades sociales «que están asumiendo las responsabilidades que ella ha dejado de lado».
El edil Rafael Mas, de Compromís pide al alcalde el cese «inmediato» de la responsable de Acción Social por dirigirse con «tanto desprecio» a las entidades, «acusando a la gente que lo está pasando mal de picaresca y de caradura. Esta señora no tiene sensibilidad ninguna para estar al frente del área de Acción Social y miente», afirmó.
Desde el otro lado del banco político, Mario Ortolá, portavoz de Vox, señaló que el problema radica en que el Ayuntamiento ejerce en materia social una «competencia impropia como son los servicios sociales», que debería ir acompañada de financiación suficiente. «El Consell es el principal responsable de la falta de fondos para hacer frente a las terribles colas del hambre a la que el Gobierno socialcomunista ha llevado a miles de alicantinos», dijo el portavoz de la formación sobre la que el bipartito se apoyará hoy para sacar adelante el Presupuesto. El edil de Vox cree que si de algo se le puede culpar al PP es de «no haber sido más valiente en los presupuestos, haber empezado antes su tramitación y podríamos haber afrontado ya las modificaciones de crédito para ayudar a los alicantinos que lo están pasando mal. Están más preocupados en no disgustar a Ciudadanos manteniéndoles sus concejalías y fondos ideológicos de izquierda que de volcarse con la ayuda social». Los socios de gobierno del PP obviaron pronunciarse sobre esta polémica.
