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CORONAVIRUS

Alicante reactiva el Catálogo de Protecciones con el «freno» temporal del estado de alarma

El bipartito tramita el texto, que se basa en el impulsado por el tripartito, y espera sacarlo a exposición pública «en breve»

Nuevo intento en el Ayuntamiento de Alicante con el Catálogo de Protecciones tres años después del fracaso del tripartito por el voto en contra en bloque de la derecha, entonces en la oposición, y de los dos concejales tránsfugas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante empezó ayer la tramitación del Catálogo de Protecciones, que ahora debe someterse a una fase de exposición pública antes de aprobarse en Pleno. Una vez supere esos trámites, el documento se enviará a la Generalitat Valenciana antes de su validación definitiva por el Pleno de Alicante. Desde Urbanismo se trabaja para que el periodo de alegaciones, que será de 45 días, se active antes de que finalice el estado de alarma. La próxima semana, por otro lado, se prevé convocar una comisión de Urbanismo, que será extraordinaria y de carácter informativo.

El nuevo documento toma como base el impulsado durante el mandato del tripartito de izquierdas. Eso sí, con novedades: noventa nuevas fichas, de ellas 58 relativas a edificios protegibles, muchos de ellos en el entorno del Mercado Central o Poeta Quintana; 23 de Bienes de Relevancia Local (BRL), en su mayoría iglesias; y nueve sitios arqueológicos. Éstas son las incorporaciones que el bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante introduce en el Catálogo de Protecciones, que contiene un total de 943 fichas. Esta propuesta cuenta con tres edificios menos, que han desaparecido bajo la piqueta al no tener validez el catálogo anterior, elaborado durante la etapa de Miguel Ángel Pavón al frente de Urbanismo, que no salió adelante en el pleno por el voto en contra del PP, Cs y los dos concejales tránsfugas.

Entre ese documento promovido por la izquierda y el actual también figura una importante modificación: la reducción de las indemnizaciones a propietarios por no permitir aumentar alturas en edificios protegidos. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, señaló recientemente que las indemnizaciones que debería asumir el Ayuntamiento se reducen a nueve millones de euros, una cantidad que se elevaba a 250 millones en el anterior texto.

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