La Diputación se ha sumado a la ofensiva del PP contra la Generalitat y se ha lanzado a escenificar también ese cambio de actitud para cargar contra la gestión de Ximo Puig durante esta crisis del coronavirus. Cerca de cumplir un año al frente de la institución provincial, Carlos Mazón sigue la estela marcada desde Génova. Una línea a la que ya se ha entregado también la presidenta regional del PP y síndica en las Cortes, Isabel Bonig. Alega Mazón falta de comunicación entre las dos administraciones como argumento para abrir fuego y elevar el tono. Según el PP, en pleno estado de alarma, la Generalitat está publicando en el Diari Oficial (DOGV) normativas que afectan a otras administraciones a golpe de decreto, sin hacer ni una llamada telefónica ni una reunión informativa.
Así lo denuncian los populares en la Diputación dando continuidad a la estrategia que marca Pablo Casado desde Madrid tras una semana de constantes reproches por cuestiones como la prórroga del estado de alarma o la cuarentena aérea en los aeropuertos. La polvareda ha ido a más y los ataques también se centran en el ámbito autonómico. El equipo de Carlos Mazón cita como ejemplo el decreto del Consell de coordinación y financiación de la atención primaria de los Servicios Sociales publicado la semana pasada en el DOGV como parte del desarrollo de la nueva ley aprobada el año pasado. En ese texto se establece una distribución de diferentes competencias y atribuciones a través de una colaboración financiera entre la Generalitat, las diputaciones provinciales y los municipios. El portavoz del PP en la Diputación, Adrián Ballester, ha denunciado que «están regulando cuestiones que nos afectan y ni siquiera consultan. Legitiman a través de decretos mientras insisten en la importancia de la cogobernanza. Es incoherente».
La voluntad de dialogar y llegar a acuerdos entre todos los partidos y administraciones que reinaba en las primeras semanas de la crisis sanitaria se ha diluido de forma notoria. Desde el PP ya no modulan las críticas frontales contra Ximo Puig y el diálogo institucional ya no va por los derroteros de la confianza compartida. Todo lo contrario. El PP ha cambiado su estrategia y ahora cuadra un giro de 180 grados a su relato para minar la gestión de la Generalitat e ir un paso más lejos en sus ataques por la falta de material sanitario, el modelo de hospitales de campaña, la poca previsión en esta pandemia o la escasez de información aportada. Como ejemplo, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha admitido a trámite una queja del grupo popular de las Cortes Valencianas donde la síndica Isabel Bonig denuncia que numerosos alcaldes no obtienen respuesta de la Conselleria de Sanidad ante sus peticiones de información sobre cómo afecta específicamente la epidemia de la covid-19 a cada municipio.
En esa voluntad de acorralar al Consell del Botànic también Carlos Mazón ha abierto su espacio para las críticas y ha dejado atrás la cercanía política que mantuvo con el presidente Puig en el arranque del mandato. Aquella paz firmada ya queda muy lejos y ahora el PP en la Diputación también orienta el timón hacia ese cambio de rumbo. «Hemos demostrado que la Diputación es leal. No es de recibo que impongan regulaciones sin acuerdo entre administraciones. Elevamos la queja porque ni tan siquiera son capaces de llamarnos para informarnos», indicó Adrián Ballester en referencia a otros asuntos como las ayudas agrarias o el borrador para institucionalizar la comisión bilateral, que también han conocido por el DOGV: «Estamos esperando desde septiembre la convocatoria de esta comisión y ahora nos enteramos por el diario oficial que no está regulado. No hay diálogo. La Generalitat toma decisiones que afectan a la Diputación sin hablarlo», declara Adrián Ballester.
Estas quejas se producen cuando las instalaciones del centro Doctor Esquerdo ya han comenzado a los primeros pacientes de psiquiatría derivados de hospitales de la provincia con el fin de liberar camas en esos centros sanitarios que se puedan destinar a personas afectadas por el coronavirus. La Diputación puso a disposición de la Conselleria de Sanidad estas instalaciones a mediados del pasado marzo contra la pandemia. Aunque en estos momentos la institución provincial sigue asumiendo competencias en materia socio asistencial que debería llevar a cabo la Generalitat, el presidente Carlos Mazón decidió ceder las instalaciones de salud mental y ponerlas al servicio de la Generalitat. Pero ahora ya vuelve la tensión a la política.
El virus también se «come» a la DANA
Ocho meses después de la catástrofe, ni la Diputación ni la Unión Europea han resuelto aún las ayudas comprometidas
Nadie podía imaginar que el violento temporal del pasado mes de septiembre en la Vega Baja iba a pasar a un segundo plano en la agenda de las administraciones públicas. Un paisaje devastado, miles de evacuados, destrozos materiales y, lo más grave, pérdidas humanas. Sin embargo, ocho meses después de aquel episodio catastrófico todavía hay instituciones que no han aprobado ni un sólo euro de las ayudas comprometidas para los afectados, que ahora temen que el impacto del coronavirus se convierta en la prioridad absoluta de los gobiernos y que, con ello, la gota fría que asoló la Vega Baja acabe diluida y completamente olvidada.
Las ayudas a la DANA se han convertido en uno de los temas más controvertidos en la Diputación de Alicante. Tanto los diputados del PSPV como el de Compromís han criticado que el equipo de gobierno no incluyera en sus presupuestos los seis millones de euros prometidos, poniendo como ejemplo la importante línea de subvenciones del Consell. La idea inicial del ejecutivo provincial, formado por PP y Ciudadanos, era que estas ayudas fueran complementarias a las convocadas desde Madrid. Con este mecanismo, la institución cubriría el 50% que no sufragaba la aportación del Gobierno, al tiempo que se facilitaba la tramitación.
Sin embargo, a día de hoy el Ministerio no ha resuelto todavía esas ayudas y la Diputación está trabajando en nuevas fórmulas que permitan que ese dinero llegue a los ayuntamientos. El grupo socialista en la Diputación, a través de su diputado Joaquín Hernández, ha afirmado que «el paso del tiempo ha demostrado que fue un error garrafal». «Supone una clara utilización -denuncia- de lo ocurrido en la Vega Baja para hacer propaganda electoral por parte del presidente de la Diputación, quien se comprometió hace más de siete meses a que esos seis millones llegarían con urgencia». El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha convertido en una de las banderas de su oposición en la institución el hecho de que los afectados no hayan recibido este dinero y ha cargado con dureza contra esa gestión de Carlos Mazón. «La Diputación no ha sido capaz de buscar la manera de aprobar ayudas para una de las peores catástrofes medioambientales que se recuerdan en la provincia», se lamenta el diputado.
Además, la demora en la tramitación por parte del Gobierno de España y la crisis sanitaria del coronavirus han retrasado, a su vez, la aprobación de los fondos de la Unión Europea. Tal y como publicó este medio el pasado viernes, los eurodiputados de todos los grupos parlamentarios han reivindicado la necesidad de cambiar la legislación puesto que los trámites se demoran en exceso pese a tratarse de fondos de emergencia. A esa falta de agilidad en los procesos se une la demora en la tramitación de las ayudas por parte del Gobierno central. Fuentes socialistas de la UE aseguraron que el proceso está avanzado y que previsiblemente pueda pasar por el pleno de junio tras aprobarse por el Consejo Europeo previsto para la próxima semana. Las ayudas llegarían, por lo tanto, nueve meses después de la catástrofe.Sin duda, demasiado tarde.
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