Sin explicaciones. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, evitó ayer aclarar los motivos concretos por los que la mitad de la Comunidad Valenciana sigue esta semana en la fase o de la desescalada, y, concretamente, si se cambiaron los criterios después de que el Consell enviase sus informes a Madrid. A preguntas sobre el malestar generado en el Consell, que ha expresado abiertamente tanto el presidente Ximo Puig como la consellera Ana Barceló, el ministro se limitó a decir ayer en Moncloa ya han clarificado las cosas, pero no dijo qué cosas.
Salvador Illa se referió a la reunión bilateral que mantuvo el lunes con la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, insistiendo en que «clarificamos las cosas» y que su intención es trabajar en el marco de la cogobernanza para, «siempre que sea posible, tomar las decisiones de manera conjunta y siempre en un marco de prudencia».
«Así vamos a seguir actuando», manifestó Illa dejando claro que no va a entrar en reproches con las comunidades autónomas. «Esto no es una carrera, es un proceso que tiene que hacerse con gradualidad, asimetría y mecanismos de cogobernanza conjuntos», dijo el ministro de Sanidad en una comparencia sin más explicaciones para la Comunidad Valenciana, donde ayer un abogado presentó una denuncia contra el ministro ante el Tribunal Supremo.
Concretamente, un abogado con despacho en València ha presentado una querella penal ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por haber impedido que la Comunidad Valenciana en su totalidad entrase en la fase 1 de la desescalada a pesar de, según la denuncia, «cumplir con los requisitos para ello».
En esta querella, presentada por el letrado Luis Vericat se subraya la «urgencia de investigar los hechos» ante la posibilidad de que haya territorios que han pasado a la fase 1 sin cumplir los requisitos establecidos o en una situación peor a la de la Comunidad Valenciana, porque «el riesgo para la salud y la vida de las personas estaría en juego».
En la misma, se expone que la Generalitat solicitó hace unos días al Gobierno de España la entrada en la fase 1 de la desescalada para toda la Comunidad y que, desde la propia Generalitat y desde la Conselleria de Sanidad se anunció que toda la comunidad «cumplía de sobra con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad».
«De hecho, hubo reuniones bilaterales entre las dos partes y desde el Ministerio de Sanidad se aseguró que efectivamente se cumplían con todos los requisitos», añade el letrado en su exposición.
En este relato de hechos se incluye que el pasado 8 de mayo el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en rueda de prensa que únicamente 10 de los 24 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana pasarían a la fase 1 de la desescalada.
La querella incluye varios tuits y declaraciones extraídas de comparecencias públicas del presidente Ximo Puig, y la consellera Barceló, ante este «inesperado anuncio».
El abogado querellante entiende que «de las declaraciones del president de la Generalitat y de la consellera de Sanidad se desprende que la decisión del ministro de Sanidad se ha adoptado de manera totalmente arbitraria por cuanto, a pesar de reunir la Comunidad Valenciana todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1, y conociendo el ministro esa realidad, se ha decidido que la mayoría de departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana no pasen a la Fase 1». A juicio del querellante, «todo apunta a que la decisión del Ministro ha sido totalmente arbitraria y a sabiendas de que era injusta».
Por todo ello, el letrado Luis Vericat reclama que «si realmente toda la Comunidad está preparada para pasar a la fase 1 debería acordarse cuanto antes para evitar perjuicios económicos y la limitación de derechos fundamentales».
Testigos
En la querella se interesa que se tome declaración al querellado, Salvador Illa, y también, en calidad de testigos, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig; a la consellera de Sanidad, Ana Barceló; al director del Centro de Coordinación y Alertas, Fernando Simón; así como «a todas las personas que han intervenido en la decisión del ministro», por lo que se reclama su identificación.
El PP lleva al Congreso el parón en la provincia de Alicante
Los tres diputados del Partido Popular por la provincia de Alicante -César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar- han trasladado hasta el Congreso preguntas sobre los motivos que han llevado al Gobierno a frenar la desescalada en la provincia. Los parlamentarios quieren saber en base a qué parámetros hay cuatro departamentos de salud que no han pasado a la fase 1.
La pregunta presentada en la Cámara Baja plantea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la desescalada sería por provincias. «Ximo Puig nos trasladó que la Comunidad Valenciana iba a salir de esta situación a la vez e incluso insinuó que se abrirían las playas. La noche del viernes 8 conocimos, vía tweet de Ximo Puig, que no sería así», aseguran.
Ante este parón de la desescalada, el PP quiere saber «qué motivos justifican que la mayor parte de los municipios de la provincia de Alicante no se les permita el tránsito de la fase 0 a la fase 1 del proceso de desescalada». Los diputados preguntan por los datos comparados de los municipios sobre la asistencia sanitaria, la evolución de los contagios y las capacidades de los centros sanitarios que han permitido que unos pasen de fase y otros no.
