Una decena de talleres productivos de empresas externas han sido reabiertos en las prisiones de la Comunidad Valenciana pese a estar aún la mayor parte de la autonomía en fase 0 de la desescalada y ello pone "en grave riesgo" la actuación llevada hasta ahora en Instituciones Penitenciarias para controlar el Covid-19 en el interior de las cárceles.
Así lo ha denunciado hoy el sindicato ACAIP-UGT en un comunicado donde indica que la reapertura de los talleres autorizada por la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), encargada de estas actividades productivas, conlleva la entrada de "personal no penitenciario, y por tanto no esencial", tanto monitores de esas empresas, como transportistas que suministran materia prima y recogen el producto terminado.
Desde Instituciones Penitenciarias afirman que la reapertura es posible siempre que se cumplan unas condiciones sanitarias, como la exigencia a las empresas de que el personal se haya realizado la prueba para descartar el contagio por Covid-19 o una declaración jurada del estado de salud. Aseguran que además los internos deben trabajar siempre con equipos de protección y manteniendo la obligada distancia social de separación. Asimismo, el número de internos que puede asistir depende de las condiciones arquitectónicas del lugar donde se realiza el taller y no puede ser superior al 30% de la cifra de reclusos que acudían hasta la suspensión del pasado marzo, informan fuentes de Instituciones Penitenciarias.
ACAIP-UGT explica que hay 180 internos en los diez talleres reabiertos en la Comunidad Valenciana. Dos de los talleres se encuentra en Fontcalent, con 14 y 10 reclusos, y uno en Villena, con 40.
El sindicato critica que mientras cientos de pequeñas empresas siguen cerradas la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo "parece estar por encima de la realidad sanitaria y ha decidido ir más allá de la misma teniendo en cuenta solamente criterios económicos y de beneficio".
La actividad fue suspendida el pasado 19 de marzo tras solicitarlo ACAIP-UGT con el fin de proteger la salud de los internos que trabajan en los talleres y de los funcionarios de prisiones de servicio. Se trataba, según ACAIP-UGT, de evitar una vía de introducción del coronavirus en los centros penitenciarios y la medida ha contribuido a limitar la enfermedad en el interior de los mismos.
Ahora, el sindicato estima que la reapertura de los talleres aumenta el riesgo para controlar el Covid-19. En este sentido, indican que "no hay certeza del estado de salud ni de los monitores de las empresas, ni de los transportistas que acceden desde la calle al interior de las prisiones". Precisan que "no se prohíbe la mezcla de internos de diversos módulos en los talleres, con el riesgo de dispersión de la enfermedad que ello supone en caso de que se produzca un contacto. Además señalan que aunque se indica que los internos no deben volver desde el taller a su módulo con ropa de trabajo, la mayoría de los talleres no cuentan con un vestuario para que los internos puedan cambiarse de ropa.
