La plataforma en defensa de la Sanidad 100% pública y de calidad, Marea Blanca PV Comarques del Sud, exige a la Conselleria de Igualdad medidas socio-sanitarias urgentes ante la situación de emergencia que estamos viviendo a raíz de la epidemia del Covid 19.

Entre ellas que se dote de los recursos materiales y humanos necesarios tanto a la administración local como a la Conselleria, para agilizar y hacer efectivo el derecho a percibir la Renta Valenciana de Inclusión, "prestación que asegura un mínimo de subsistencia a numerosos núcleos familiares".

También que se resuelvan las solicitudes de renta complementaria de las prestaciones no contributivas, solicitadas ahora hace ya más de un año. La plataforma reclama que se paguen de oficio a las personas que cumplan requisitos de forma automática.

La entidad también pide que se establezca un derecho de ciudadanía, como ayuda de emergencia social, en forma de prestación económica directa a las personas que han perdido sus ingresos debido al confinamiento, desvinculada de la valoración de los servicios sociales y con criterios objetivos. "De fácil tramitación a través de Internet, sin requisitos técnicos excesivos e inaccesibles para gran parte de la población. Que se abone de forma rápida".

Al mismo tiempo creen necesario que se reconozca la situación de dependencia para poder acceder a recursos necesarios para mejorar, para recuperarse y para la rehabilitación personal y "que llevan más de dos años esperando".

Además, "que se reconozca el grado de diversidad funcional, como forma de poder ofrecer los recursos necesarios para mejorar, para recuperarse, para acceder al empleo y para cubrir los gastos de subsistencia, que también están esperando más de dos años".

También reclaman a la conselleria que se resuelvan las pensiones no contributivas por invalidez, a las que tienen un grado mayor de 65%, "que en Alicante están tardando en pagarse más de un año".

En el comunicado, la plataforma exige que se abone la subvención al alquiler del año 2018, solicitada en marzo del 2019 "y que todavía no han cobrado".

Otro problema grave es el de la vivienda, por lo que Marea Blanca exige que se amplíe la oferta de viviendas de alquiler social. "Que las personas tengan acceso al empadronamiento en el municipio del que son vecinos, es cada vez más difícil. Debido a la crisis habitacional y al empobrecimiento éstas se ven abocadas a aceptar el arrendamiento sin contrato, las habitaciones en casas compartidas, el subarriendo y la ocupación, limitando el derecho a la ciudadanía y a las prestaciones que de ella derivan". Por ello "solicitamos que se inste a los ayuntamientos a hacer de oficio la tramitación del empadronamiento".

La plataforma cree necesario que se haga realidad "la necesaria y urgente coordinación entre las administraciones locales y su conselleria". Esta coordinación interadministrativa, "es necesaria para la gestión rápida de las demandas y la simplificación de los procedimientos". Los ayuntamientos que son el primer nivel de atención a las necesidades sociales de las personas, "deben de adaptar su atención a la realidad de esta crisis, para seguir atendiendo a los más vulnerables". La plataforma pone como ejemplo el plan de atención y protección social ante esta crisis elaborado por el Ayuntamiento de Valencia, decretando la atención a las personas mayores como “Servicio esencial”, ayudas de emergencia para productos farmacéuticos, o el ofrecer alojamiento a personas sin hogar. Un plan que "no se ha extendido" a toda la Comunidad Valenciana, lo que discrimina y deja sin protección a personas que lo necesitan.

Los integrantes de Marea Blanca reclaman que la Conselleria de Igualdad se coordine con la de Educación, a fin de que los beneficiarios de becas parciales de comedor (unos 80.000 niños han dejado de recibirlas por la pandemia) se le entreguen vales de consumo por la cuantía de esa beca que tiene reconocida.

Marea Blanca recuerda que la Comunidad Valenciana ya parte de una situación de crisis económica y social, anterior a la emergencia sanitaria actual, "que nos hace estar en desventaja para poder afrontarla". Según el informe del estado de la pobreza en España, AROPE 2019, "el País Valencià presenta un índice de pobreza del 32%, frente al 12% de comunidades como País Vasco y Navarra, y también superior a la media del estado español, que es de 26’1".