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Alicante finiquita el proyecto para sacar de la calle a "sintecho" por irregularidades

La Junta de Gobierno se apoya en un informe del interventor para denegar las subvenciones de 2018 y 2019, que rondan los 270.000 euros

Un sintecho duerme en un banco de Alicante, en una imagen de archivo Pilar Cortes

El proyecto Housing First en Alicante, encaminado a sacar de la calle a sintecho, nació en la etapa del tripartito, con Guanyar Alacant al frente de la Concejalía de Acción Social, y "se entierra" ahora, con el ejecutivo municipal en manos del PP y Ciudadanos. Y todo por las irregularidades detectadas por Intervención municipal. De hecho, la Junta de Gobierno local ha desestimado hoy el intento de la Asociación Provivienda y de la Fundación de Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral de suscribir los convenios y cobrar la subvenciones nominativas relativas al proyecto de los años 2018 y 2019, que entre ambas rondan los 270.000 euros.

En el acuerdo aprobado hoy por la Junta de Gobierno, se explica que Alicante se unió al proyecto en enero de 2018, al firmarse un primer convenio para la erradicación del sinhogarismo con un coste de 15.700 euros. Posteriormente, los Presupuestos de 2019 y 2019 previeron subvenciones de 128.000 y 139.000 euros respectivamente para la continuidad del proyecto social en la ciudad.

Sin embargo, en 2018 se detectó un escollo que ha derivado en la finalización de la iniciativa en Alicante: la posibilidad de conceder la subvención de 2018 dependía de la correcta justificación de la otorgada en 2017 con mismo propósito, tal y como señala la Ley de Subvenciones. "Algo que estaba pendiente", según explica un informe, que subraya que la justificación de esa ayuda se convirtió a partir de ahí en el principal problema para la tramitación de las siguientes subvenciones. El interventor, en sucesivos informes realizados entre 2018 y 2019, detalla la falta de justificación de ese dinero relativo a 2017, añadiendo que se habían "detectado costes indirectos imputados que no estaban debidamente justificados". El interventor explica que las entidades intentaron solventar el escollo con la aportación de documentación. Sin embargo, no lo consiguieron.

Así, a mediados de 2019, ambas entidades registraron un escrito en el Ayuntamiento pidiendo la firma de los convenios y el pago de las subvenciones, alegando que el programa de 2018 "se había ejecutado" y que el de 2019 "estaba en proceso de ejecución". Además, no sólo pedían el pago de 128.000 euros de 2018 y 139.000 euros de 2019, sino también los intereses de demora. Este hecho, se llegó a remitir a Servicio Jurídicos, que lo devolvió alegando que "no era de su competencia". En posteriores escritos, las dos asociaciones subrayan "el grave perjuicio económico" por no percibir el dinero relativo a los años 2018 y 2019.

En el acuerdo de gobierno aprobado hoy, se incide en que "la mera previsión en el presupuesto de una subvención nominativa no confiere derecho alguno a su obtención". En esa línea, además, se subraya que si las entidades "siguieron con su actividad lo fue por su cuenta y riesgo pues, más allá de la previsión presupuestaria, no existía convenio alguno con el Ayuntamiento que sustentase su actitud y su voluntad de proseguir con el programa".

Así, con el acuerdo de hoy, el Ayuntamiento de Alicante se desentiende de la actividad ejercida al amparo de este programa desde el año 2018 al no existir convenio en vigor con la administración local. Según fuentes de Acción Social, la iniciativa empezó con diez sintecho y actualmente tiene en viviendas de Alicante a siete personas. A partir de ahora, según las mismas fuentes, el Ayuntamiento prevé informar de la situación a la Conselleria de Políticas Inclusivas para que "busque una solución" a esas personas, ya que el Ayuntamiento ha dado carpetazo al pago de las subvenciones de 2018 y 2019 por las irregularidades en 2017, cuando las entidades no lograron justificar el pago recibido.

Antecedentes políticos

A principios de 2018, aún con la izquierda en el gobierno, se supo que el interventor municipal había frenado la firma de un convenio que el Ayuntamiento de Alicante pretendía suscribir con dos entidades para un programa que ofrece viviendas a las personas sin hogar de Alicante. Por una parte, Julia Angulo (de Guanyar), la concejala de Acción Social cuando se comenzó a fraguar el proyecto, explicó que el freno del interventor se debía a que éste considera que el tipo de acuerdo debe ser a través de un contrato y no de un convenio.

Por otra parte, Sofía Morales (del PSOE), entonces al mando del área social en el Ayuntamiento tras la ruptura del tripartito, aseguró que el problema estaba causado por una confusión de competencias. Las diez personas beneficiarias de una vivienda para lograr salir de la calle a través del modelo Housing First fueron seleccionadas entre perfiles con un alto grado de vulnerabilidad y de forma aleatoria en noviembre de 2017. Ambas concejalas no forman parte actualmente del Pleno de Alicante, ya que salieron de la Corporación local hace casi un año, tras las elecciones municipales de 2019 al ser excluidas de las listas de sus respectivas formaciones políticas.

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