Las Cortes Valencianas han funcionado a medio gas durante casi dos meses. Y tienen mucho trabajo pendiente. Demasiado. En el registro de iniciativas del parlamento autonómico ya hay más de 300 preguntas para responder por escrito, solicitudes de comparecencias y peticiones de informes, todas relacionados con la crisis del coronavirus, que no pasan de la fase «en curso». Todas las demandas, en su inmensa mayoría de la oposición, están aparcadas. Se han tramitado, pero nadie del Consell se ha puesto a contestar, una obligación que queda anulada mientras está suspendido el periodo de sesiones, aunque a nadie se le impide dar respuesta a preguntas que están en boca de todo el mundo desde hace dos meses. Cuestiones que, en algún caso, se han aclarado en otras comparecencias públicas de componentes del gobierno, pero que no tienen todavía su respuesta oficial, según marca el reglamento.
Sin embargo, dadas las circunstancias especiales de la pandemia, en la última reunión de la Junta de Síndics, entre los acuerdos que se adoptaron, figura una petición expresa para exigir esa información. «Si bien permanecen suspendidos los plazos parlamentarios, se insta al Consell a atender con celeridad las solicitudes de documentación y preguntas escritas presentadas por los grupos parlamentarios que incidan sobre el Covid-19», señala de forma textual el acuerdo parlamentario. Para Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís, esta decisión de las Cortes «no es una orden, es una sugerencia». En su opinión, «los grupos tienen que trabajar y disponer de toda la información, aunque ya se está dando en comisiones telemáticas que se están haciendo entre los conselleres y los portavoces de cada área». Por contra, la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, entiende que haber alargado la inactividad del parlamento -el Botànic ya ha rectificado y propone reabrir las Cortes a partir del próximo martes 12 de mayo- supone «retorcer el reglamento».
Disputas al margen, la primera iniciativa que se presentó en las Cortes sobre el coronavirus fue de la diputada alicantina de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, que preguntó por escrito, el 28 de febrero, si Sanidad pensaba tomar medidas con los aficionados que fueron a Milan a unpartido de Champions del Valencia y, a su vez, con la vuelta de esa eliminatoria que, como se recordará, fue uno de los primeros focos de contagio en la Comunidad. A partir de esa pregunta, Ciudadanos se ha comportado como la formación más activa a la hora de preguntar sobre la pandemia. Dos de cada tres registros tienen el sello de Ciudadanos. El otro centenar se lo reparten casi a partes igual el PP y Vox, con dos preguntas lanzadas por el grupo socialista sobre el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat durante la alarma, una por Compromís sobre los campos de refugiados en Grecia y ninguna de Podemos. Y de esos 300 registros oficiales más de un centenar han llegado en estos últimos días. Ahora a partir de mediados de mayo, cuando se retome el periodo de sesiones, se tendrán que contestar ya de una forma obligatoria.
Los diputados de Ciudadanos en sus largos dos centenares de preguntas, han cambiado las consultas más genéricas de los primeros días sobre los riesgos derivados de la Covid-19 por cuestiones relacionadas, en su mayoría, con la seguridad laboral. En concreto preguntan por la adaptación de los puestos de trabajo; los requerimientos de la inspección o la autoridad judicial ante la crisis; los accidentes laborales; la protección de conductores de ambulancias; la situación de los centros de menores; el reparto de material sanitario; la realización de test de diagnóstico; ayudas europeas, en especial al turismo; la colaboración del Gobierno central y el ajuste de personal en la administración.
Proposiciones no de ley
Los parlamentarios del PP han volcado mucho más sus iniciativas en presentar proposiciones no de ley (PNL) -una treintena- que se tendrán que abordar en comisiones y en plenos. Entre las presentadas las hay que solicitan la realización de test masivos de detección de la Covid-19; la creación de un clúster sanitario público-privado; la reactivación de la economía; el desarrollo efectivo de la renta valenciana de inclusión; y la adopción de medidas para reducir altos cargos y asesores en el sector público. También han preguntado por las medidas para aligerar la sobrecarga en los juzgados y ha pedido el expediente del encargo a la empresa Tragsa del servicio logístico para ejecutar las acciones de emergencia derivadas del coronavirus.
Finalmente, los parlamentarios de Vox empezaron pidiendo informes sobre los protocolos seguidos ante los fallecimientos o sobre el coste de los hospitales de campaña, pasaron a preguntar por las medidas para proteger a los empresarios de hostelería ante la crisis y no han dejado de inquirir sobre «la consideración de la caza de la fauna cinegética como esencial durante el estado de alarma para minimizar los daños en los cultivos y la ganadería en el medio rural". En todo caso, Vox es mucho más partidario de pedir la comparecencia de conselleres y sobre todo de demandar documentación.
