Después de casi dos meses de confinamiento, muchos esperan con impaciencia la llegada del 11 de mayo, cuando, si la evolución de la pandemia es favorable, empezarán a permitirse los desplazamientos en un entorno próximo. Se ha discutido en los últimos días si esa «desescalada asimétrica» debe hacerse por provincias, como defiende el Gobierno o si, como defienden varias comunidades autónomas, ha de ser más precisa y ajustarse más a las características específicas de cada territorio, como por departamentos sanitarios, fórmula por la que aboga la Generalitat. Sea cual sea el criterio, en todo caso, va a haber ciudadanos perjudicados por vivir junto a un límite administrativo y tener vínculos estrechos con una localidad al otro lado de esa línea dibujada en el mapa.
En municipios como Pego, Alfafara, Banyeres, Villena, Pinoso, Orihuela o Pilar de la Horadada hay una relación muy intensa con las poblaciones vecinas de Valencia, Albacete o Murcia y es muy común residir en una demarcación pero hacer la mayor parte de la vida en la otra, o que las familias estén repartidas a ambos lados de una raya imaginaria que en ocasiones como esta llega a ser vista más como un incordio. Muchos pegolinos tienen una residencia en el litoral de Oliva, como Fernando Sendra, quien apela al «sentido común» para casos como el suyo. Explica que el inicio de la pandemia le pilló en la casa de la playa, donde pasa prácticamente todo el año, y desde entonces «no he ido a Pego ni pienso hacerlo por ahora». Sin embargo, sí prevé acudir desde esta semana a sus dos parcelas agrícolas, «que están a 3 kilómetros de aquí, pero en término de Pego y, por tanto, en la provincia de Alicante», y espera no tener problema para ir. «Hay que pensar que en el campo no hay nadie, allí es imposible contagiarse».
Más complicado, sobre el papel, lo tiene Sandra, una joven que tiene a toda su familia en Alfafara y vive en Bocairent, a 5 kilómetros pero en la provincia de Valencia. «Es difícil encontrar aquí una familia que no esté partida entre las dos provincias», cuenta. «Hagan el corte por provincias o áreas de salud, siempre habrá alguien perjudicado, y me ha tocado», añade resignada. Aun así, le resulta extraña la idea de «poder ir a Requena y no a Alfafara» y apunta, con ironía, que «a lo mejor me cito con mi madre en la linde y nos vemos cada una en un lado».
Eva y Juan Carlos también viven en una partida rural del término de Bocairent, pero a apenas dos kilómetros de Banyeres, localidad que ven desde su casa y en la que realizan la mayor parte de sus gestiones cotidianas. «Todos los que vivimos aquí cambiamos a diario de provincia hasta para hacer la compra, es imposible poner una barrera», explica ella. Los dos miembros de la pareja, como otros vecinos suyos, trabajan en municipios alicantinos.
Más difícil lo tiene José Micó, que debería cambiar de comunidad autónoma para ir desde Alicante a ver a sus padres en Caudete. «Entiendo que se debe limitar la movilidad, pero fastidia», y más aún a su padre, que tiene a toda la familia en Villena. «Él podrá ir a Hellín, pero no a ver a su madre y sus hermanos a 12 kilómetros». Pese a todo, comprende que «si hicieran una excepción con Caudete y Villena tendrían que hacer decenas más, y eso es inviable, así que habrá que resignarse».
