28 de abril de 2020
28.04.2020
Información

Los detectives privados de la Comunidad reclaman que se les declare servicio esencial para poder trabajar

Denuncian la indefensión de ciudadanos y empresas ante situaciones delictivas al amparo del Covid-19

28.04.2020 | 14:33
Imagen de archivo de un detective realizando una vigilancia.

El Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana ha reclamado al Gobierno que se declare al colectivo como servicio esencial durante el estado de alarma con el fin de poder salir a trabajar ante el aumento de situaciones delictivas que se están produciendo al amparo del Covid-19. Alzamientos de bienes, fugas de informacion confidencial, robos de material, bajas médicas falsas, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro y conductas irresponsables en el ámbito familiar, entre otros hechos, se están multiplicando, según denuncian todas los colegios y asociaciones profesionales de detectives privados de España, que alertan de que "el impacto económico y social es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia".

Los despachos de detectives privados de toda España están recibiendo peticiones de ayuda de ciudadanos y empresas que se ven "impotentes para frenar conductas y actuaciones tanto de personal interno como externo— constitutivas de delitos perseguibles a instancia de parte", según un comunicado del Colegio de Detectives Privados firmado por su presidente, Octavio Morellà, donde además se advierte de que la repercusión económica de estas prácticas irregulares puede provocar el cierre irreversible de industrias y comercios.

Por otro lado, clientes particulares y abogados de familia han mostrado también a los detectives su preocupación por la falta de control en las custodias de los menores —hijos de padres separados o divorciados— y sobre las condiciones en las que están pasando su confinamiento, a menudo al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos. Esta preocupación que se ha agravado en los últimos días como consecuencia de la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salida a la calle de los menores de catorce años.

Aunque los detectives privados afirman que son los únicos facultados para la investigación de estos asuntos, "la lectura restrictiva del estado de alarma, por parte de los responsables de Interior, los mantiene confinados en sus domicilios al no considerarlos un servicio esencial, e impide los imprescindibles trabajos de campo, multiplicando la sensación de impunidad de los infractores".

Todos los colegios y asociaciones profesionales de España han presentado de forma conjunta un escrito ante los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para que se considere a los detectives privados como un servicio esencial y puedan regresar a las calles con todas las garantías jurídicas. De esta manera, según los firmantes, se podrán cumplir los objetivos de servicio a la ciudadanía y de apoyo a las autoridades.

Los detectives sostienen que "solo así se garantiza el derecho fundamental de defensa de sus clientes. En la actualidad, se ven imposibilitados para reunir pruebas válidas ante la Justicia sobre delitos e infracciones en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar, como recoge el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada. Situación que causa indefensión y que puede complicar la saturación de los juzgados en los próximos meses".

Asimismo, detacan que la labor de vigilancia y seguimiento de los detectives podría suponer una ayuda valiosísima para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de las actuaciones contrarias al estado de alarma. En algunos países europeos se está dando ya esta colaboración con muy buenos resultados, aseguran los detectives.

Los colegios y asociaciones profesionales se vieron "desagradablemente sorprendidos cuando, tras varias consultas oficiales, los responsables de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior comunicaron que los detectives no estaban considerados servicios esenciales".

El jueves de la semana pasada, colegios y asociaciones unificaron sus esfuerzos para requerir al gobierno, de una forma conjunta y urgente, la ya señalada consideración de los detectives privados como un servicio esencial, no habiéndose recibido hasta la fecha contestación alguna.

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