Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Compromís y Vox) han suscrito una declaración institucional ante la crisis del coronavirus, que presentarán a aprobación en el próximo pleno, en la que acuerdan poner en marcha diferentes medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, según han informado este domingo fuentes municipales a través de un comunicado. Entre otras, se solicitará al Gobierno que flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit, de manera que se pueda destinar ese dinero a gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad, ciudadana, limpieza, residuos y desinfección, así como otras acciones para atender a la población más vulnerable ocasionadas por el estado de alarma.
Entre las 19 medidas solicitadas se incluyen, además, la prórroga del destino del superávit de 2019 a 2020 y su autorización de gasto en áreas en las que no son competentes como empleo o educación. También se pide que los ayuntamientos participen en los fondos que habilite el Estado en materia de reactivación económica y social, y que se cree un fondo de reactivación de la economía y el empleo local una vez superada la pandemia. La declaración pide, asimismo, que se reorienten los Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 a la reconstrucción de las economías locales y se promuevan proyectos Edusi para la lucha contra los efectos del Covid-19.
En materia de empleo, se solicita la recuperación del contrato temporal de inserción para uso de las administraciones públicas, y que se destine el déficit de las comunidades autónomas a planes locales de empleo. También se solicita flexibilizar la contratación pública, tanto en lo referente a servicios y suministros necesarios como para hacer frente a los perjuicios ocasionados a los contratatistas por la suspensión y ampliación de los contratos, además de la exención del IVA aplicado a los contratos de obras públicas relacionadas con la pandemia.
Además, se solicita la eliminación de la tasa de reposición para los ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para hacer frente a las vacantes y envejecimiento de las plantillas. Finalmente, se pide aplicar el superávit de 2019 a cubrir los déficits del transporte público colectivo urbano, así como a garantizar el aprovisionamiento de material preventivo y de protección para el personal de los servicios públicos, como mascarillas, guantes o geles.
Gastos a atender
Entre los gastos a atender se encuentran los de tipo social para atender a colectivos vulnerables, tales como la teleasistencia, ayudas a la dependencia, atención domiciliaria, entre otros, así como los relacionados con la limpieza y desinfección de vías, espacios, edificios públicos y otras dependencias municipales. También están los destinados a garantizar el acceso a todos los suministros de primera necesidad, como agua, gas, electricidad, alquiler de vivienda o alimentación.
Otra de las medidas que hay que atender con gasto es aquel vinculado al transporte público urbano, en particular el de las entidades locales, así como a los usuarios en situación de vulnerabilidad, o para cubrir los gastos derivados de las medidas de teletrabajo o prestación de servicios a distancia desde el domicilio de los empleados del sector público local. También se incluyen en este apartado los gastos de adquisición de equipamiento o prestación de servicios informáticos, telemáticos o de comunicación.
En esa lista se incluyen además los gastos de personal consecuencia de contrataciones temporales, horas y servicios extraordinarios, realizados como consecuencia de las medidas adoptadas. Y, en general, todos aquellos gastos excepcionales realizados por los ayuntamientos para luchar contra la pandemia que puedan devenir eventualmente en un desequilibrio presupuestario. Por esta razón, se pide que todos esos conceptos no computen en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, y que no sea necesaria la aprobación de un plan económico financiero para los supuestos de incumplimiento por el uso del remanente de tesorería para gastos generales.
