Sólo dos grupos, Unidas Podemos y Vox, han presentado en total una veintena de enmiendas a la modificación de la Ordenanza de licencias urbanísticas y ambientales del Ayuntamiento de Alicante, promovida desde la Concejalía de Urbanismo que dirige Adrián Santos Pérez. La última revisión del documento está vigente desde 2017. Desde Unidas Podemos se han presentado un total de once enmiendas, las mismas que los ultras de Vox.

Desde la formación que lidera Xavier López acusan, a través de un comunicado, de que Ciudadanos ha redactado las modificaciones "para favorecer a las amistades de Adrián Santos Pérez".

Para López, "la norma es ambigua en cuanto a la calidad, la duración y la estabilidad de los puestos de trabajo que deben presentar las empresas que quieran optar a tramitar sus proyectos de manera prioritaria". Por ello, anuncian que su formación ha pedido introducir criterios sociales para que puedan ser evaluados, tales como "que se fomente el número de empleos destinados a colectivos vulnerables y a empleo femenino, y que la contratación sea a jornada completa y en exclusiva para el proyecto que se presenta, así como durable hasta la finalización del mismo".

La coalición de izquierdas aboga también por establecer un plazo mínimo de cinco días para que los proyectos queden expuestos al público, con tal de poder recibir alegaciones por parte de la ciudadanía y como ejercicio de transparencia para que, desde Urbanismo, "Adrián Santos Pérez, que formó parte del equipo de gobierno de participó del amaño del PGOU, no pueda favorecer a nadie de manera opaca y turbia, como ocurrió con las relaciones de corruptelas y favores entre su exlideresa, Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz", asegura López. El edil de Urbanismo, ahora en Ciudadanos, formó parte del Gobierno de la popular Sonia Castedo entre 2011 y 2015, cuando el PGOU ya estaba redactado y a la espera del visto bueno de la Generalitat.

Desde Unidas Podemos, además, se plantea también la introducción de criterios de evaluación objetivos en las obras de rehabilitación que fomenten la conservación, revalorización y recuperación estética y protección patrimonial de edificaciones con 50 años o más y que no estén catalogadas, como por ejemplo la homogeneización estética de imagen urbana de los zócalos comerciales de edificaciones, la renovación de encintado de aceras que se encuentren deterioradas o requieran su renovación para adecuarlas a la nueva imagen urbana aprobada o los proyectos de rehabilitación de edificaciones históricas de más de 100 años de antigüedad en los que se recuperen y rehabiliten sus

valores arquitectónicos. Para estos, señala López, "desde Unidas Podemos introducimos que se requiera la documentación de su estado previo, de la propuesta a ejecutar, y del resultado final para ponerlo a disposición del Archivo Municipal, y las concejalías de Cultura y Urbanismo".