El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha anunciado esta mañana la interposición de una denuncia por injurias y calumnias con publicidad contra el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, quien ayer, en un comunicado de prensa, acusó al edil de impulsar cambios en la Ordenanza de licencias urbanísticas y ambientales del Ayuntamiento de Alicante para "favorecer a sus amistades". Y no sólo eso, sino que le reprochó que el procedimiento no era el correcto. "Adrián Santos Pérez, que formó parte del equipo de gobierno de participó del amaño del PGOU, no puede favorecer a nadie de manera opaca y turbia, como ocurrió con las relaciones de corruptelas y favores entre su exlideresa, Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz", aseguró López. El edil de Urbanismo, ahora en Ciudadanos, formó parte del Gobierno de la popular Sonia Castedo entre 2011 y 2015, cuando el PGOU ya estaba redactado y a la espera del visto bueno de la Generalitat.
Ante estas manifestaciones, el concejal, que ha explicado que en primer término se puso en contacto con el portavoz de Unidas Podemos para advertirle de "su error" e "invitarlo a corregirlo", asegura que se ha visto forzado a interponer la denuncia judicial. "No es mi estilo. Yo no estoy en política para resolver las diferencias entre unas fuerzas y otras con denuncias en los juzgados, pero hay líneas que no se pueden cruzar. Entiendo la crítica y las posiciones diferentes a las que yo defiendo dentro del equipo de gobierno, pero no todo vale en política y no puedo permitir que se me acuse abiertamente de cometer una ilegalidad o que se intente embarrar mi imagen pública mezclándome con actuaciones que todavía están en proceso judicial y con las que nada tuve que ver. Debo defender mi honorabilidad. No se puede atacar al de enfrente con falsedades", ha explicado el edil de Urbanismo en una rueda de prensa por vía telemática.
El concejal de Cs ha explicado, con el objetivo que "no quede ningún duda" sobre su proceder tanto en la "tramitación de la modificación de la ordenanza de Urbanismo como en su anterior etapa como edil", que "la modificación de la ordenanza se ha tramitado con total transparencia, aplicando el trámite de consultas previas a su aprobación, hasta ahora nunca ejercido en el área de Urbanismo, presentado a todos los colectivos implicados y colegios profesionales, que tuvieron un mes para hacer propuesta a la modificación de la ordenanza". Además, ha señalado que "el trámite de proyecto prioritario, que estable la nueva ordenanza para favorecer la reactivación económica tras la crisis abierta por la pandemia Covid-19, incorpora la ley valenciana 19/2018 "Aceleración de la inversión a proyectos prioritarios", que lleva en vigor desde el 13 de julio de 2018 y que la Generalitat ya ha aplicado en tres ocasiones en la ciudad de Alicante. En esa línea, el edil de Urbanismo ha apuntado que "para dar prioridad a un proyecto específico es la Agencia Local de Desarrollo la que tiene que emitir un informe vinculante previa petición de los interesados; nunca de manera discrecional, opaca o con intención de favores a alguna persona".
Por otro lado, respecto a su anterior etapa como concejal durante el gobierno de Sonia Castedo, el concejal de Urbanismo, ahora en Ciudadanos, ha afirmado que "en cuanto a la investigación en curso sobre el PGOU tengo que precisar que cuanto tomé posesión por primera vez como cargo público en el Ayuntamiento de Alicante, en junio de 2011, esté PGOU llevaba más de un año aprobado y se encontraba en la Conselleria de Urbanismo a la espera de su aprobación; los hechos a los que se refieren el portavoz de Unidas Podemos se remontan a los años 2007-2008, año en el que yo estaba cursando mis estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia".
Además, Adrián Santos ha señalado que "durante la legislatura de 2011 a 2015, ya como edil de Imagen Urbana y Estadística, se procedió a la retirada de ese plan general bajo investigación judicial" y, por último, ha recordado que "el cierre definitivo a ese PGOU, que ha permitido iniciar los trámite para la redacción de un nuevo planeamiento para la ciudad de Alicante, lo promoví yo ya como concejal de Urbanismo esta legislatura, cuando aprobé la liquidación del contrato con el redactor de ese plan general".
Recientemente se conoció que el empresario Enrique Ortiz ha llegado a una conformidad con todas las acusaciones en la causa del PGOU de Alicante por la que, a cambio de no ingresar en prisión, admite los presuntos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad. El promotor sería condenado a penas que suman dos años de cárcel: un año y medio de prisión y una multa de 356.528 euros por un delito de cohecho, así como otros seis meses más y 526.261 euros de multa por tráfico de influencias. Asimismo, acepta el pago de una responsabilidad civil de 713.000 euros.
La conformidad deja en una delicada situación al resto de los acusados, entre los que se encuentran los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. La vista de esta pieza separada del llamado caso Brugal estaba señalada en la Audiencia de Alicante a partir del próximo 30 de junio.
