La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abonará 6,5 millones de euros para hacer frente a los pagos de todas las plazas que tenía contratadas y concertadas en todos los centros de atención diurna y de carácter ambulatorio que se han visto obligados a cesar su actividad como consecuencia del estado de alarma decretada con motivo de la pandemia por Covid-19.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha destacado la importancia de estos pagos que suponen "reconocer el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como un servicio público esencial, de manera que todos sus recursos han sido puestos a disposición de la Administración para combatir los efectos de la crisis sanitaria de la Covid-19 en sus distintas áreas de actuación, reorientando sus obligaciones contractuales para prestar el servicio público esencial a través de otras modalidades o destinando sus recursos a otras necesidades del citado sistema".
Oltra ha incidido en la importancia de esta medida que garantiza a las empresas y entidades del tercer sector que recibirán el total de la cuantía que la Conselleria paga por las plazas, "de la misma manera que si se estuviera prestando el servicio en los lugares habituales, durante todo el periodo de suspensión de la actividad por causa del estado de alarma decretado o las restricciones que una vez levantado pudieran establecerse para estos centros".
Asimismo, ha resaltado que garantizar los puestos de trabajo del personal que atiende a las personas más vulnerables equivale a reconocer la importancia que en este momento de crisis tienen las personas que se dedican a "las tres c, es decir criar, cuidar y curar, que en su mayoría son mujeres, y que se han evidenciado como aquellos puestos de trabajo que cuando vienen mal dadas son los únicos de los que no podemos prescindir".
Se ha demostrado "que además de sostener la vida sostienen la economía, dado que constituyen el grueso de trabajos que se han decretado como esenciales", ha incidido la vicepresidenta, quien ha recordado que su departamento lleva tiempo reconociendo la importancia de los mismos, con medidas como el reconocimiento profesional de las personas que se dedican al cuidado de sus familiares dependientes.
8.000 plazas
La Conselleria tiene concertadas o contratadas aproximadamente 8.000 plazas en centros diurnos gestionados por entidades del tercer sector o empresas privadas, donde se atiende a personas mayores o con diversidad funcional así como a la infancia y adolescencia, y que tuvieron que cerrar sus puertas el pasado 14 de marzo.
Además del pago de estas plazas la Conselleria se hace cargo también del pago de 451 prestaciones de personas dependientes que también acuden a estos centros de día.
El cierre de este servicio llevó aparejado, por parte de Igualdad, de un proceso de comunicación con las direcciones de los distintos centros para asegurar que todas las personas usuarias tuvieran garantizada la atención domiciliaria. De esta manera desde los diferentes centros se está haciendo, a instancias de la Conselleria, un seguimiento de las personas que acuden a estas instalaciones y en aquellos casos en que ha sido necesario se ha prestado asistencia domiciliaria o se le ha buscado una plaza residencial, si carecía de red familiar.
Así, se decidió abonar en concepto de plaza ocupada aquella que lo hubiese estado a fecha de 13 de marzo, al objeto de garantizar esta necesaria asistencia a las personas usuarias de los centros de atención diurna y ambulatoria de servicios sociales, y dado que los equipos profesionales de los centros en los que se ha suspendido la actividad están garantizando la atención domiciliaria y el seguimiento a las personas usuarias que por sus necesidades lo requieren.
De esta forma, también se garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo vinculados a estas plazas subvencionadas, ya que para percibir la totalidad del precio plaza las empresas y entidades deben cumplir con las obligaciones reguladas en cada resolución de adjudicación del contrato y, en especial, con lo referente al mantenimiento de los requisitos y ratio de personal en relación con las prestaciones y número de personas atendidas según se determina por la normativa en la tipología de cada recurso con la finalidad de evitar expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE,s) o ulteriores despidos.
Los centros de día de atención a la infancia y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad percibirán 613.630 euros destinados a sufragar 730 plazas, de las que 574 está en la provincia de Valencia, 108 en la de Alicante y 48 en la de Castellón. Todos estos centros son gestionados a través de concierto por entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de las personas mayores, se abonarán 518.981 euros para sufragar 590 plazas concertadas con entidades del tercer sector. Esta cuantía se repartirá de la siguiente manera: 135.077 euros para sufragar las 152 plazas que hay en Alicante; 234.608 euros para subvencionar 264 plazas en Valencia; y 149.296 para 174 plazas en Castellón.
El concierto de 6.316 plazas en el ámbito de la diversidad funcional supondrá el pago de 4,5 millones de euros por parte de Igualdad, y que permitirá mantener los puestos de trabajo vinculados a las 2.092 plazas que hay en centros de atención temprana, a las 763 de los centros de rehabilitación e integración social, a las 950 de centros de día para personas con diversidad funcional, a las 2.351 de los centros ocupacionales, y a las 160 de los centros de día de trastorno mental grave.
Al margen de las plazas concertadas con las entidades del tercer sector, la Conselleria destinará 587.000 euros para pagar las plazas que tiene contratadas con empresas privadas en el ámbito de atención diurna y 223.514 euros para pagar las 451 prestaciones vinculadas al servicio concedidas a personas dependientes y que éstas destinan a pagar una plaza en algún centro de día de la Comunitat Valenciana. De estas personas 428 acuden a un centro para mayores y 23 para diversidad funcional.
Las entidades afectadas por la suspensión de la actividad de los centros de atención diurna y ambulatoria de servicios sociales deben cumplir con las obligaciones reguladas en cada convocatoria y, en especial, con lo referente al mantenimiento de los requisitos y ratio de personal en relación con las prestaciones y número de personas atendidas según se determina por la normativa en la tipología de cada recurso.
