El intento de amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante estará presente en el próximo pleno municipal, previsto para el jueves 30 de abril. Compromís anunció ayer, a través de una rueda de prensa telemática, que llevará una iniciativa para crear una comisión municipal de investigación con el fin de «esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido del sumario del caso Brugal que investiga el presunto amaño del nuevo PGOU de Alicante, así como analizar las consecuencias jurídicas de las contratas y concesiones ».

Esta es la respuesta de la coalición después de que la pasada semana el empresario Enrique Ortiz llegase a una conformidad con todas las acusaciones en la causa del PGOU de Alicante por la que, a cambio de no ingresar en prisión, admite los presuntos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad. El promotor sería condenado a penas que suman dos años de cárcel: un año y medio de prisión y una multa de 356.528 euros por un delito de cohecho, así como otros seis meses más y 526.261 euros de multa por tráfico de influencias. Asimismo acepta el pago de una responsabilidad civil de 713.000 euros.

En la iniciativa, Compromís apunta a tres actuales miembros de la Corporación municipal y que compartieron gobierno con Castedo. «Es importante esclarecer la asunción de responsabilidades del actual alcalde, Luis Barcala, de la concejala Maria del Carmen De España y concejal Adrián Santos Pérez, que compartieron equipo de gobierno con la ahora exalcaldesa Sonia Castedo», señalan desde la coalición, que a su vez insiste en que «las empresas del grupo de Enrique Ortiz acapararon durante años la mayor parte de las grandes contratas y concesiones municipales, como aparcamientos u operaciones urbanísticas como el PAI Rabassa; y por ahora, la limpieza urbana y la gestión de residuos, la contrata más importante de la ciudad, está en manos de una UTE participada por el empresario».

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, explicó ayer que el hecho de que el «delincuente confeso, el señor Ortiz, admitiese el amaño del PGOU es la certificación del caso de corrupción más grave de la historia democrática de la ciudad, una situación que no la podemos pasar por alto».