El coronavirus ha acelerado el proyecto para poner en marcha una renta mínima vital para las personas con bajos ingresos, pese a las discrepancias suscitadas entre el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, y el vicepresidente Pablo Iglesias, sobre cómo afinar esta norma y sobre la posibilidad de aprobar una renta puente. Finalmente, todo apunta que se pondrá en marcha en mayo. El debate que afecta especialmente a las autonomías que ya tienen una renta propia como la Comunidad Valenciana o el País Vasco. Los tres socios del Botànic son partidarios de un modelo que refuerce la renta de inclusión que la Generalitat implantó desde 2017 y que ahora, si cabe, tiene más valor para evitar que la brecha social se incremente a raiz de los efectos de la pandemia.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra espera que sea la propia Generalitat la que gestione las nuevas ayudas a través de la ley valenciana de inclusión que ya beneficia a más de 42.200 personas y que entró en vigor hace tres años con el objetivo de ofrecer una respuesta digna a las realidades de vulnerabilidad y precariedad. La Conselleria la concibe como un derecho que se concreta por medio de una prestación económica que va desde los 630 hasta los 990 euros por persona, o un proceso de inclusión social. Ante la propuesta que avanza aún a trompicones por la falta de acuerdo entre el ministro Escrivá y Pablo Iglesias, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, considera que el Gobierno debería fijar un nivel mínimo para toda España que permita «evitar diferencias» y que los fondos adicionales salgan de los gobierno autonómicos. «Un sistema similar al 50-50 de los fondos para dependencia pero pagando, porque a la Comunitat solo llega el 12%», incidió Oltra.
Aunque el diseño de ambas rentas varían en la cuantía, duración y condiciones, el objetivo del Consell es que el Gobierno Central encaje las dos prestaciones y sepa articular su nueva medida con las comunidades que ya la desarrollan. La vicepresidenta Mónica Oltra ha pedido que Madrid consensúe cuanto antes este sistema de protección con las comunidades autónomas.El Gobierno valenciano ha propuesto a los ministerios de Seguridad Social y Políticas Sociales que fijen una cuantía mínima para el ingreso vital en toda España. Será necesario establecer un sistema de valoración rápido toda vez que el valenciano acumula retrasos, como viene planteando la Sindicatura de Greuges.
La renta mínima estatal era «un proyecto de legislatura» que estaba muy ligado a paliar la pobreza infantil antes de que se desencadenara la crisis del coronavirus. Se trataría de una ayuda de 430 euros a la que podrían acceder los individuos con ingresos por debajo de los 200 euros o las familias cuya renta del hogar esté por debajo de los 450.
Los grupos en las Cortes Valencianas también consideran que Pedro Sánchez debe encontrar la fórmula para encajar la nueva herramienta con el modelo valenciano. Según el portavoz de Compromís Fran Ferri, «la Conselleria de Igualdad no solo garantiza una renta mínima sino que establece cauces de apoyo social y laboral. Todo lo que sea recibir un ingreso que permita extenderla aún más será bien recibido. El ministerio sabe lo que tenemos y que nuestra pretensión es que se coordine con las comunidades». También Manolo Mata, portavoz del PSPV, explicó que esta iniciativa «liberaría de recursos» a la Generalitat y destacó la importancia de articularla junto a la renta valenciana de inclusión. A su vez, la síndica de Podemos, Naiara Davó,trasladó la urgencia de conseguir un ingreso vital mínimo, «tan necesario para la gente más vulnerable». El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ya abogó por unificar ambos pagos en un sólo mecanismo para simplificar.
A la espera de recibir detalles sobre las condiciones
A la espera de recibir detalles sobre las condicionesMónica Oltra ha asegurado que desconoce si estas ayudas se podrán percibir a la vez que la renta valenciana de inclusión. Para el Gobierno valenciano, el Estado debería fijar una cuantía mínima para toda España, que sería aportada al 50 % por la Administración General del Estado y cada autonomía, y si un gobierno regional quiere aumentar esa renta, que se haga cargo adicionalmente, según explicó. Sería, ha dicho, un sistema parecido al de dependencia «pero pagando», ya que en el caso de la Comunidad la aportación del Estado «no llega al 12 %». El pasado viernes, durante el pleno del Consell, Oltra apuntó que esperará hasta ver todos los detalles.
El Gobierno acelera para aprobar un salario vital que haga frente a un colapso social
Todos los movimientos apuntan a que la renta mínima que prepara el Ejecutivo puede estar vigente en mayo
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó hace unos días que el Gobierno está «acelerando al máximo» los trámites para aprobar un ingreso mínimo vital, pero ha rechazado de nuevo la posibilidad de aprobar una renta puente, como promovía el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Sí ha insistido en que se «está acelerando al máximo para poder tener esa renta mínima» en la que todos están «de acuerdo y es un compromiso de legislatura». Todo apunta que podría estar en marcha en mayo.
Según indicó Escrivá, el ingreso mínimo se hará como un recurso «permanente, porque este tipo de procedimiento sirve para algo puente o algo definitivo; es un debate estéril que no tiene recorrido». Aunque ha declinado avanzar fechas para su aprobación, si ha insistido en que la prestación «se adelantará considerablemente» y considera que es el momento de transmitir «certidumbres» a los ciudadanos. El vicepresidente Pablo Iglesias prometió que la renta mínima vital se aprobará durante el mes de mayo, pues este es el acuerdo al que ha llegado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que su equipo de Vicepresidencia se va a «dejar la piel» para que esta prestación con la que se pretende ayudar a las familias más desfavorecidas se empiece a cobrar también en el mismo mes de mayo. «Mi equipo y yo nos vamos dejar la piel para que se pueda cobrar lo antes posible y el compromiso adquirido entre el presidente del Gobierno y yo es el mes de mayo», ha asegurado Pablo Iglesias.
