El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está preparando un plan de choque en los juzgados para paliar las semanas de inactividad por la declaración del estado de alarma por el coronavirus, así como evitar el colapso derivado de los pleitos que la crisis económica va a desencadenar en los tribunales. En los borradores con los que trabaja el CGPJ ya se puede anticipar que dos de las jurisdicciones donde se espera mayor número de pleitos va a ser en Social y en Mercantil, debido a las posibles reclamaciones por despidos o las empresas que van a tener que echar el cierre como consecuencia del cerrojazo.
También se espera otra avalancha de pleitos por reclamaciones por las multas que en estos días se están imponiendo como consecuencia de los incumplimientos del estado de alarma. Entre los abogados ya se está criticando que no habrá grandes refuerzos en materia penal al partir de la base de que con el confinamiento ha bajado la delincuencia, sin tener en cuenta el colapso que había antes de esta crisis. El plan está en fase de elaboración a la espera de que todos los colectivos profesionales y las comunidades autónomas hayan llegar sus reclamaciones hagan sus aportaciones.
Entre las medidas que se barajan es que este año el mes de agosto dejará de ser inhábil para tramitar los procedimientos y para la celebración de juicios. Hasta ahora, durante este mes toda la actividad quedaba prácticamente suspendida con motivo de las vacaciones de verano. También se va tratar de agilizar trámites procesales con el objetivo de que los procedimientos se eternicen y se potenciará que los jueces puedan dictar sentencias in voce al final del juicio sin necesidad de tener que redactarla por escrito, una medida especialmente pensada para aquellos juicios en los que haya una conformidad entre las partes. En el borrador ya se advierte de que serán necesarias reformas legales para poder articular estas medidas.
Entre las actuaciones que se proponen de carácter general, figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los juzgados en el orden civil con ámbito provincial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social y se hizo en los juzgados de cláusulas suelo.
En el ámbito mercantil se asume que las reclamaciones por insolvencia se van a disparar y se pide articular medidas para que el resto de procedimientos no prioritarios acaben colapsando al juzgado. Otro tanto se plantea por las reclamaciones por Expedientes Temporales de Regulación de Empleo en la jurisdicción Social, donde se reclaman reformas para agilizar los pleitos.
