A la vez que el salón de plenos del Congreso de los Diputados se convertía, en medio de una gravísima alerta sanitaria que nos conduce a una crisis económica de gran magnitud, en la imagen casi perfecta de las dos Españas. Dos Españas incapaces de entenderse con una inconcreta propuesta de Pedro Sánchez para un pacto de Estado que puede nacer tocada por la irresponsable estrategia de Pablo Casado al frente del PP. A la vez que ocurría eso en Madrid, decía, en el Palau de la Generalitat, Ximo Puig se adelantaba una vez más al Gobierno en esta crisis y escenificaba un primer acuerdo en clave económica con los agentes sociales. En esa foto estaban, además de Puig, el presidente de la patronal, Salvador Navarro, junto a los líderes de CC OO y UGT, Arturo León e Ismael Sáez, respectivamente. Aunque también han participado de esas citas periódicas de las últimas semanas los consellers económicos - Vicent Soler y Rafa Climent- es el presidente el que ha asumido personalmente el impulso de toda esa agenda autonómica de la crisis.

Ahora mismo continúa siendo una prioridad absoluta la atención sanitaria. Sin duda. Sin salvar vidas antes, después no habrá recuperación. Pero de la sintonía en la adversidad luego casi siempre surgen grandes consensos para remar juntos. Y Puig ya está recorriendo ese camino con la complicidad empresarial y de los sindicatos. «Este es un claro ejemplo de diálogo social. El espejo en el que deben mirarse en Madrid», definió con acierto Salvador Navarro. Los que le conocen saben que el jefe del Consell no compite con la Moncloa. Y menos hoy. Ahora bien, el perfil de Puig está comprometido al máximo con el autogobierno valenciano. Y en esta emergencia, desde el minuto uno, ha ejercido sus competencias consciente de que el mando único en Madrid no le eximía de responsabilidad. Al contrario, le obligaba más, si cabe, a poner en valor la descentralización territorial, como admitió ayer Pedro Sánchez en el Congreso, aludiendo a la buena gestión valenciana frente al virus.

La Generalitat ha intentado tomar casi todas sus decisiones un paso antes que el Gobierno. Con lealtad pero preservando al máximo sus competencias. Tejiendo estos acuerdos con agentes sociales pero también diálogo semanal con una oposición que, especialmente en el caso del PP de Isabel Bonig, sí está a la altura. No es caza menor. Es proteger el Estatuto pero, además, mandar un mensaje nítido desde la Comunidad Valenciana de lo que debería desplegarse en la convulsa escena estatal. La distancia entre lo que ocurrió ayer en Madrid durante el pleno en el que se votó, entre otros decretos, la renovación del estado de alarma para otros quince días y la imagen de consenso que se escenificó, con firma presencial incluida, en el Palau de la Generalitat dibuja la diferencia. La de las dos Españas que siguen campando a sus anchas en el decorado político madrileño y la España posible. La del consenso, el diálogo, el respeto a la diversidad, el reconocimiento inclusivo de la diferencia... La única que puede abrir la vía a la estabilidad. Y esta crisis también traza ese debate.