Aunque el ritmo se ha ralentizado notablemente en los últimos días, la cifra de afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no deja de crecer y roza ya la barrera psicológica de los 100.000 trabajadores en la provincia. En concreto, 99.191, según el último balance de la Conselleria de Economía, con datos del pasado lunes. Una cifra que da una idea de la profundidad del parón económico que han supuesto las medidas adoptadas para frenar la expansión del Covid-19 y que significa, en la práctica, que uno de cada seis cotizantes a la Seguridad Social en Alicante se encuentra en estos momentos afectado por algún tipo de procedimiento de regulación de empleo, ya sea de suspensión o de reducción de jornada.

De hecho, el volumen real es incluso superior, ya que el dato anterior no incluye a los empleados de las 483 empresas de la Comunidad que han presentado procedimientos que afectan a más de una provincia y que, por tanto, se tramitan desde la Dirección General de Trabajo. Unos ERTE que suman a 37.227 personas en toda la autonomía, de las que se desconoce cuántas corresponden a Alicante, Castellón o València.

La buena noticia es que todo apunta a que el grueso de los procedimientos ya se ha presentado. Así, el pasado lunes la cifra de nuevas solicitudes de ERTE en la provincia fue de sólo 435, con 1.852 trabajadores incluidos, frente a los más de 2.000 procedimientos con 9.420 afectados del mismo día de la semana anterior. En total, ya son 21.126 las empresas alicantinas que han recurrido a esta figura.

Ahora la gran incógnita estriba en saber si la agilización de esas suspensiones temporales de empleo conseguirán, como pretendía el Gobierno al aligerarlas, que se salve de la destrucción definitiva la mayor parte de estos puestos de trabajo. Sin embargo, por otro lado, también hay que tener en cuenta la pérdida de empleo que se está produciendo al margen de los ERTE, principalmente por la vía de la no renovación o la extinción de contratos temporales.

De esta forma, el análisis realizado por el gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Alicante sobre los datos de la Seguridad Social recalca que la provincia fue la tercera demarcación española que mayor proporción de cotizantes perdió entre el 12 y el 31 de marzo pasados, el periodo que recoge los efectos del Covid-19. En total, salieron del sistema el 7,3% de todos los trabajadores que había dados de alta en la primera de esas fechas, o, lo que es lo mismo, se destruyeron un 48.570 empleos. Una cifra que, como se ha señalado, está al margen de los afectados por ERTE, ya que estos siguen cotizando a la Seguridad Social.

Las únicas provincias que perdieron un porcentaje mayor de su fuerza de trabajo en el mismo periodo fueron Cádiz, donde se esfumaron el 8,29% de los cotizantes, y Málaga, que perdió al 7,89%. La media nacional fue del 4,65%, mientras que Castellón o València redujeron el número de trabajadores dados de alta en un 4,9%.

El peso del turismo

El presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, relaciona esta mayor destrucción de empleo con la estructura productiva de la provincia y, en concreto, con el importante peso del sector turístico, que fue el que primero acusó el golpe de las medidas para frenar el Covid-19. En este sentido, el informe de la Seguridad Social en que se basa el análisis de la Cámara ya señalaba que a nivel nacional fueron la hostelería y la construcción -otro sector con bastante peso en Alicante- los que sufrieron las mayores caídas de cotizantes, en porcentaje y en números absolutos. Además, prácticamente el 70% de esa pérdida se concentró en trabajadores temporales. En este sentido, Riera también señala que será muy importante la forma en que se produzca la vuelta a la normalidad, de cara a la recuperación de todo este empleo, y destaca la necesidad de asegurarse de que no haya rebrotes de la enfermedad para evitar que la crisis se prolongue.