La decisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, nombrada el pasado mes de febrero en sustitución de Juan Carlos Fulgencio, de prohibir a los abogados asistir la declaración policial de los detenidos a través de videoconferencia, está causando un profundo malestar en los colegios profesionales valencianos de letrados. El argumento utilizado por la representante del Gobierno es que podría conculcarse el derecho a la privacidad y a la intimidad del detenido, una cuestión que han soslayado otras comunidades autónomas que sí están permitiendo la asistencia con la utilización de medios telemáticos al amparo del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los abogados valencianos no entienden por qué no se aplica este artículo en la Comunitat cuando, precisamente, en su apartado 2.c habilita la asistencia por medios telemáticos y, es más, como un derecho.
Curiosamente, la semana pasada fueron los juzgados de Elche los primeros de la provincia en los que los detenidos declararon ante el juez de guardia a través de videoconferencia. Es decir, que para que testificaran ante un magistrado que tiene que decidir si queda en libertad o va a prisión sí está permitido por la Conselleria de Justicia que el abogado esté en su despacho profesional, el arrestado en Comisaría o el Cuartel de la Guardia Civil y el juez, el fiscal y el secretario en sus puestos de trabajo, pero un letrado no puede asistir la declaración cuando es en sede policial de su cliente desde su despacho. Y, en los casos de violencia de género, hasta la víctima lo puede hacer o, en caso contrario, si carece de ellos, tiene que acudir al juzgado de guardia.
El decano de los abogados de Elche, Vicente Pascual, explicó que el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados está intentando, aunque sin éxito, que la nueva delegada reconsidere una decisión que, en su opinión, «pone en riesgo la integridad de los letrados que tienen que acudir a la Comisaría y al Cuartel, donde no se les permite ni acceder. Sólo van la mayoría de veces para recoger un papel por el cual el acusado renuncia a declarar en sede policial». En definitiva, un trámite. Se da la circunstancia de que desde que se declaró el estado de emergencia los detenidos por maltrato no se diferencian del resto a la hora de ser atendidos en la guardia.
«De diez»
El decano dijo que las videoconferencias en las declaraciones judiciales están funcionando «de diez» por la buena coordinación con la juez-decana y no entiende por qué no se tiene la misma atención con la declaración en sede policial. Vicente Pascual conminó a la delegada del Gobierno a cambiar de criterio y a aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar a los abogados deambular para un trámite que ven absurdo.
«Sólo podríamos hablar de una vulneración de derechos del detenido si a alguien se le ocurre grabarlo cuando está hablando con su abogado», en clara referencia a que esto fuese cometido por los investigadores que son los garantes del detenido. «Estamos hablando de utilizar un simple programa informático para evitar que los abogados dejen de exponerse».
