Vamos a inventar un nuevo término. Si la Covid-19 es el acrónimo en inglés de la enfermedad por coronavirus ( coronavirus desease 2019), la Finaud-02 vendría a ser algo así como una enfermedad llamada financiación autonómica. Un mal infeccioso cuyo origen se sitúa en el 2002 y que extendió su contagio en 2009 con la norma vigente que regula la financiación de las comunidades autónomas. Un virus prolongado en el tiempo y sin visos de una vacuna a corto-medio plazo. Si difícil era lograr un acuerdo de Estado que modifique un reparto de fondos que sea del agrado de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas, más complicado es ahora tratar de cambiar sobre la marcha unas reglas establecidos que concedan ayudas determinadas a las arcas valencianas, con un problema estructural al que ahora se suma la larga lista de gastos imprevistos y urgentes que ha generado el combate a la pandemia.
Hasta el momento, la Generalitat está plantando cara a la crisis sanitaria, social y económica con los mismos recursos con los que lo hubiera hecho si no existiera el coronavirus. Ser la comunidad autónoma peor financiada, junto a la Región de Murcia, implica, además de mucha reivindicación al Estado, una presión constante por conseguir liquidez de manera inminente, especialmente de cara a pagar a los muchos proveedores que están facturando al Consell del Botànic, incluidos aviones desde China, hospitales de campaña o la contratación de centenares de profesionales sanitarios. La Conselleria de Hacienda comenzó la semana pasado diciendo que «ahora mismo no hay problemas de liquidez... pero los habrá en breve». Un par de días después, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya alertaba del «estrés de la tesorería del Consell». Y el pasado viernes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra no pudo determinar todavía una «factura global» de lo que están suponiendo todas las contrataciones de emergencia que «iremos sumando», pero adelantó que la situación financiera de la Generalitat «no es muy boyante». Y esto nadie lo pone en duda.
Con tanto gasto extra, se necesita que llegue dinero, ya sea por la vía de entregas a cuenta, por la vía de inyecciones del Fondo de Liquidez -aunque eso son más préstamos- o, sencillamente por la vía de abonar fondos comprometidos y habituales para 2020, que en el segundo trimestre del año todavía no se han transferido. Es más, de los 2.200 millones que hace unos días reclamó Ximo Puig al Gobierno central, tan solo se ha enviado 111 millones, la mitad de la primera remesa de la actualización de las entregas a cuenta. Si el Estado no adelanta los pagos ya comprometidos, habrá retrasos para pagar a los proveedores. No es cuestión de pedir más dinero, se trata de ingresar antes.
Abril es un mes clave en varios sentidos, pero especialmente en confirmar cuantos fondos libera el Estado. Del dinero que consigne el Gobierno de Pedro Sánchez están en juego, no solo los problemas de liquidez a corto plazo, sino gastos anteriores que forman parte de la deuda comercial del Consell, que se deben liquidar, buena parte de ellos, porque son de empresas acreedores del departamento Sanidad. Un dinero que el gobierno autonómico quiere que esté en manos de esas empresas en unos momentos tan delicados.
Al menos, el periodo medio de pago a proveedores de la Comunidad está por de encima de la media estatal en estos últimos meses, con un margen de días en torno a mes y medio que ha mejorado una barbaridad respecto a los 99 días que se tardaban en marzo de 2015.
Los datos ofrecidos por el Banco de España y por el Ministerio de Hacienda sobre la deuda pública y el déficit a cierre del ejercicio 2019, volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de una inyección de financiación extraordinaria para afrontar una emergencia de este calibre. Los 48.433 millones de endeudamiento y los 2.194 de descubierto nos sitúan a la cabeza de casi todas las clasificaciones nacionales negativas, pero las cifras, por alarmantes que sean , no han dejado de ser una confirmación más de la infrafinanciación que padece la Comunidad.
Como las matemáticas no fallan, los 1.351 millones que crece la deuda vienen a ser casi el mismo número mágico de los 1.325 millones reivindicativos que reclama el Botànic en todos sus presupuestos. Esta cantidad que para unos es «ficticia» y para otros «justa y necesaria», posiblemente crezca en 2021 ya que llevamos dos años en los que la diferencia de los ingresos per cápita de la cada uno de los 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana, comparados con la media nacional, nos advierte que hemos dejado de recibir unos 291 euros por persona. O lo que es lo mismo, 1.457 millones menos de financiación. Una cifra vírica.
Sin presupuesto del Estado y sin nuevo reparto de fondos
Sin presupuesto del Estado y sin nuevo reparto de fondosCon la lucha contra la pandemia monopolizando la agenda, ni los Presupuestos del Estado para 2020 ni el nuevo modelo de financiación están ahora encima de la mesa del Gobierno central. A poco que se siga dilatando la reforma, nos iremos a 20 años de mala financiación, ya que el «statu quo» lo fijaron los populares José María Aznar y Eduardo Zaplana en 2002. El 2009, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley de financiación de las comunidades autónomas que mejoró un poco los fondos de los territorios del arco mediterráneo, pero de manera insuficiente.
