Cumplida hoy domingo la tercera semana de confinamiento y teletrabajo -para los afortunados y afortunadas que aún pueden conservar el suyo- y con más de media provincia metida en sus casas tras el giro a la tuerca del aislamiento preventivo que dio el Gobierno el domingo pasado en la batalla contra el Covid-19, hoy más que nunca urge pedir a la Administración, pico de los contagios aparte, que comience a diseñar un plan para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible y, una vez más, como ha sucedido a lo largo de la historia acabadas todas las «guerras», el impulso de la obra pública será fundamental y clave.
El parón por decreto de la construcción de viviendas ha sido la puntilla para la economía de una provincia que está a poco más de dos horas en avión de un mercado de 300 millones de personas con ganas de tener su segunda residencia en la Costa Blanca. Si no, no se explicaría como algunas compañías aéreas todavía mantengan operativas algunas conexiones con el norte de Europa y Londres, pese al cierre de los hoteles, para tener conectados a las miles de personas que forman parte de ese turismo residencial sin el cual el aeropuerto, hoy un complejo fantasma, se quedaría cojo. La vivienda está parada y no porque no exista demanda, y en la provincia sigue habiendo también proyectos importantes en infraestructuras pudriéndose en el cajón, y cuya reactivación es ahora más importante que nunca, porque la obra pública es motor de empleo y tira, además, de servicios complementarios. De ahí que, una vez se acabe este mal sueño -piensen, aunque resulte complicado, que cada día es un día vencido al coronavirus-, hay que ponerse las pilas, pero no solo la iniciativa privada, esa no falta nunca, sino la Administración, central, autonómica, provincial y local para buscar incentivos más allá de las ayudas económicas.
Hace unos días, el conseller de Infraestructuras, Arcadi España, lanzaba una propuesta que debe ser considerada en cuenta. España, uno de los consellers más próximo al presidente Puig, instaba al Gobierno a crear junto a la UE, una especie de «fondo de salvación» (millones de euros en el roman paladino de Gonzalo de Berceo) para impulsar las infraestructuras, convencido de que la obra pública deber formar parte del « Plan Marshall del siglo XXI» Ese es el camino a seguir a partir de mayo o junio, porque con trabajo el tiempo perdido se recuperará antes, porque nadie quiere vivir de las subvenciones.
En la provincia de Alicante, la lista de infraestructuras pendientes es larga. Hace justo un año, cuando nadie pensaba que un virus se llevaría por delante la Semana Santa de 2020, la Cámara de Comercio reclamó una inversión de 750 millones de euros para evitar que la autovía Alicante-Villena y la circunvalación de Alicante, las más conflictivas, se colapsen completamente en los próximos diez años, aunque ambas presenten ya serios problemas de congestión. En concreto, las «nuevas» carreteras debieran estar completamente operativas en el horizonte de 2029, cuando se estima que la A-31 soportará un tráfico de 65.102 vehículos diarios, un 15% pesados, y la ronda de Alicante (A-70), 76.302 vehículos, un 8,5% pesados. ¿Ustedes han visto alguna iniciativa pública? Yo tampoco.
La alternativa ferroviaria actual para la mejora de la movilidad entre Alicante y Villena y rebajar así la presión viaria en la A-31 no es operativa. La línea del ferrocarril convencional (ancho Ibérico) sirve como conexión entre Madrid-Alicante y València-Alicante, al discurrir de forma casi paralela a la autovía A-31. Esta línea dispone de paradas en varias poblaciones del corredor como Villena, Elda o Novelda. El Ministerio de Fomento puso en servicio el 22 de octubre de 2018 la línea de cercanías Alicante-Villena, con paradas intermedias en Sax, Elda, Monóvar y Novelda con una frecuencia de paso de 90 minutos durante todo el día. Una actuación que debiera beneficiar a medio millón de vecinos de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó y l'Alacantí, pero que no ha servido para descongestionar la carretera. De ahí que su desbloqueo resulte urgente por lógica y por las sinergias que tendrá en el empleo.
Por otro lado, la falta de mantenimiento que padecen las carreteras de la Comunidad Valenciana ha provocado que se produzca un accidente prácticamente cada tres horas. Sería necesaria una inversión total de 212 millones de euros para ponerlas a punto en Alicante, provincia en la que habría que invertir 79.000 euros por kilómetro, según la Cámara. Datos que refuerzan los pensamientos de Arcadi España y de la propia lógica, por lo que a voluntad política y la cartera pública van a ser más necesarias que nunca para salir del agujero.
El Ministerio de Fomento dejó, por otra parte, en un parche la necesaria y reclamada ampliación de la autovía A-7 entre Alicante y Murcia para construir, en principio, solo un tercer carril en cada sentido en un tramo de 18 kilómetros entre Crevillent y Orihuela, con una inversión total de 56 millones de euros hasta 2022. La provincia de Alicante tiene, por lo tanto, material de sobra para tirar de ese reclamado fondo económico de salvación para cuando el coronavirus comience a ser la pesadilla de la que todos queremos despertar.
Repasando la historia de las postguerras, Alicante y España entera necesitan ya un hotel como aquel de Bretton Woods, en el que en julio de 1944 se pusieron las bases para la reconstrucción de Europa. La UE tiene mucho que aportar, lo mismo que aportó EE UU a la vieja Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
