El Fondo de Emergencia Social y Económica, propuesto por el Grupo Municipal Socialista, prevé la creación de una empresa mixta de atención a las personas con una dotación de un millón de euros con participación en el capital social del Ayuntamiento de Alicante y la participación accionarial de personas cuidadoras. El objetivo, según ha indicado el concejal socialista Miguel Millana, es regularizar el empleo de cuidadoras y cuidadores que desarrollan su trabajo como empleadas y empleados de hogar con tareas de atención a las personas mayores, con diversidad funcional física o psíquica e infancia.

La medida propuesta por el PSOE pretende contribuir a aflorar parte de la bolsa de trabajo sumergido que padece este sector fundamental, máxime ahora con la crisis del Covid-19, que no están dadas de alta en la Seguridad Social. El edil, Miguel Millana ha destacado que "no contribuyen a las arcas públicas, no tienen derechos, ni coberturas sociales de enfermedad, accidentes, invalidez y desempleo. No generan derecho a pensión de jubilación. En definitiva, son motivo de una discriminación social inaceptable para una sociedad democrática que debe atender el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas”.

Como quiera que se trata de constituir una empresa con una integración total de las personas como socias y trabajadoras, el Grupo Municipal Socialista propone utilizar la forma jurídica de “sociedad laboral” que permite: contrato indefinido, ser beneficiaria de ayudas de la Generalitat Valenciana a fondo perdido, subvencionar hasta el 50% de la inversión para utensilios, vehículos y equipamiento y disfrutar de los derechos y prestaciones como cualquier trabajador por cuenta ajena.

Según han informado desde la formación municipal, la base legal de la participación en el capital social de esta empresa, tiene su fundamento jurídico en el artículo 1º de la Ley 44/2015 de 14 de octubre, de Sociedades laborales y participadas, que en su apartado b) párrafo tercero, dice, hablando de quienes pueden ser socios y de su participación en el capital social: "se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la Economía social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho límite (el 33’33%), sin alcanzar el 50% del capital social (es decir, pueden llegar al 49,99%)”.

El objetivo es integrar a unas mil personas dentro de esta empresa mixta de capital y trabajo. Cada persona aportaría 1.000 euros al capital social. Si no dispone del dinero suficiente, se permitirá un desembolso del 25%, es decir, 250 euros, (esto sería en caso de constituir una Sociedad Anónima Laboral) para, a continuación, ir efectuando el desembolso de la cifra restante, sucesivamente en el plazo de 5 años.

El concejal ha asegurado que “alternativamente se gestionará con entidades financieras una línea de micro créditos para las personas que deseen integrarse como trabajadoras y socias, para que no encuentren una barrera económica, por falta de liquidez, para adquirir la condición de socia trabajadora. Pensamos que es una solución justa y de pleno derecho para corregir la gran bolsa de trabajo sumergido que padece este sector”.