La crisis por el coronavirus ha obligado a los ayuntamientos a ajustarse al nuevo escenario, suavizando la carga fiscal de los ciudadanos en pleno confinamiento. En Alicante, el bipartito ha decidido ampliar los periodos de pago del IBI y de la basura. En concreto, el pago voluntario se prorroga hasta el 31 de julio, un mes más del previsto. Además, para los recibos domiciliados no fraccionados, el cargo se hará el 3 de julio, aunque con una salvedad: las personas que no puedan atender ese cargo en plazo podrán devolver el recibo y abonarlo antes del 31 de julio sin recargo. El decreto además establece una nueva posibilidad de fraccionamiento del pago, dilatándolo hasta febrero de 2021.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha modificado las obligaciones de pago de los placeros. En este caso, se ha establecido la suspensión del pago de las tasas en los mercados y mercadillos de los meses abril, mayo y junio, anunciando además que esta medida será ampliada mientras «persista la situación establecida por la declaración del estado de alarma».

De igual manera, en Alicante también se ha paralizado el cobro de la tasa de veladores y terrazas y el reembolso de lo abonado desde la suspensión de actividad (hace casi tres semanas) y hasta el restablecimiento de la normalidad.

Estas dos últimas medidas, en el plazo anunciado, supone para el Ayuntamiento de la capital dejar de ingresar 350.000 euros por las cuotas de los veladores y 150.000 por los mercados y mercadillos.

Con la vista puesta en autónomos y empresas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció ayer, tras reunirse con el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, la creación de una oficina para gestionar las ayudas relativas al coronavirus, que se une a la existente para la emergencia social. También afirmó que las medidas que se están impulsando «se prolongarán con la preparación de un Plan de Impulso Económico a Alicante que deberá estar contemplado en el presupuesto municipal de 2021». En las cuentas impulsadas para este año, que están paralizadas por el estado de alarma, no se incluye aún ninguna medida.

Sobre la nueva oficina, Barcala habló del «día de después» de la crisis sanitaria por el coronavirus. «La prioridad absoluta es salvar vidas y atender las necesidades básica de la población, pero no nos podemos olvidar de nuestro sector económico y productivo para relanzarlo el día después», añadió.

Con las primeras medidas ya anunciadas, el socialista Francesc Sanguino pide «que se cree cuanto antes un Fondo de Emergencia Social y Económica», aludiendo al decálogo que presentó durante el pleno de Presupuestos. Por su parte, desde Unidas Podemos, Xavier López destaca el papel de la oposición durante esta crisis: «Muchas medidas socioeconómicas de las aprobadas se han ido poniendo encima por la oposición progresista en las Juntas de Portavoces». Mientras , el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, considera «que lo planteado por el bipartito de Barcala es tímido e insuficiente». En cambio, desde Vox, Mario Ortolá, asegura que «las medidas son correctas pero deberán abordarse otras muchas una vez comience a funcionar la actividad comercial».

Otras medidas

Por otro lado, con la mente fija en la crisis, el Ayuntamiento también decretó la suspensión del aparcamiento regulado en Alicante. Así, desde el 17 de marzo, no hay zona azul ni naranja en la ciudad. Esto supone, según el gobierno, dejar de ingresar medio millón de euros en los meses de marzo y abril.

También, el bipartito decretó la condonación del pago del alquiler entre marzo y mayo para las personas que ocupan una vivienda del Patronato de la Vivienda y para las empresas de los viveros de empresa de Aguamarga y Mercalicante. Además, los recibos de los meses de junio a agosto de 2020 no serán emitidos, aplazándose su pago, prorrateándose su importe en los recibos que se emitirán desde septiembre a diciembre de 2021. Esta medida supone un coste de 600.000 para el Ayuntamiento.