La patronal turística Exceltur ha remitido un informe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le advierte de que la situación es ya insostenible. Los empresarios dan por perdido el segundo cuatrimestre de este año (marzo/junio). En la Costa Blanca el agujero es de 5.000 millones, lo que ha hecho caer el PIB turístico ya un 33% este año. Piden posponer todo tipo de impuestos durante seis meses y cambiar la ley del cosumidor para que el coste de las reservas y viajes ya contratados se puedan cambiar por bonos canjeables cuando se recupere la normalidad y asi no tener que devolver ahora cantidades que no tienen. También reclaman que se amplíen los ERTES a cuando arranque la demanda y no solo durante el estado de alarma.
Exceltur ha realizado a lo largo del mes de marzo y entre toda la cadena de valor, con una muestra de cerca de 2.400 empresas de todos los subsectores turísticos toda España, encuestas para conocer la evolución e intensidad de contracción de la actividad turística, afectada en primer lugar por los recelos a viajar que iba generando el Covid-19 y últimamente tras la declaración del Estado de Alarma. El objetivo, ha sido medir la velocidad e intensidad de la caída de actividad turística con todos sus efectos directos e indirectos y a partir de ahí, extrapolar los posibles escenarios de recuperación y sus consecuentes impactos.
El informe de la patronal refleja que la facturación ha caído ya prácticamente a cero en los últimos días en toda España, con mínima esperanza respecto a su recuperación en los próximos meses, algo nunca visto antes. Las medidas de restricción de la movilidad, cierre de establecimientos y de operaciones por motivos sanitarios, que "hemos apoyado desde el primer momento por responsabilidad y solidaridad, han golpeado a nuestra actividad mucho antes y con mayor intensidad y velocidad que a ningún otro sector de la economía española".
Las empresas prevén unas pérdidas de facturación del conjunto del sector turístico (total de actividad turística directa + indirecta) que podrían alcanzar este año como mínimo unas pérdidas de 55.000 millones de euros. Esta cantidad global, se territorializado entre las principales comunidades autónomas y a su vez, desglosado entre efectos directos e indirectos, ya que es muy importante comprender que los efectos tractores y más directos del turismo (LLAA, hoteles, restaurantes, etc.), tienen una gran incidencia sobre múltiples efectos indirectos que afectan a su vez a la facturación de miles y miles de proveedores de un amplio tejido socio empresarial, que se van a ver muy afectados por el parón turístico que acusa el sector y va a durar largo tiempo en recuperarse.
De ahí que estimen que la actividad turística verá afectada parte de su temporada punta de verano. De confirmarse esta hipótesis, supondría un 32,4% de caída del total de actividad turística en España en 2020 y representaría la caída de varios puntos del total del PIB español, lamentablemente muy superior al impacto de ningún otro sector económico.
Posponer los pagos de cuotas de seguridad social y de todo tipo de impuestos y del primer y segundo trimestre del año.
Facilitar la mayor liquidez empresarial; ampliando la cuantía de la línea de avales a nivel del gobierno central y autonómicos, hasta el 80% de los créditos para las empresas, elevando la cantidad hoy situada en 20.000 millones a como mínimo los 200.000 millones de euros anunciados originalmente, asegurando una línea específica para subsectores turísticos.
Incorporar en la legislación al consumidor final, que las eventuales devoluciones de los importes de viajes (billetes de transporte, reservas de alojamiento, paquetes turísticos, etc.), se sustituyan por bonos canjeables al recuperarse la normalidad, ayudando así a capear las tensiones de liquidez de todos los operadores turísticos finales y no solo los de los servicios intermediados por agencias de viajes.
Garantizar la capacidad de gestión de los ERTE, agilizándolos vía declaración jurada, ampliando los plazos a los escenarios previsibles de caída de la demanda y adaptando las garantías posteriores de empleo de 6 meses, a las condiciones regidas por la estacionalidad de algunos subsectores/destinos.
Abogar por un gran plan de reconstrucción paneuropeo, que complemente en clave fiscal y presupuestaria, los recursos del BCE y con una trasposición prioritaria en España de apoyo al turismo.
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