La Unidad Militar de Emergencias (UME) evaluó ayer las necesidades para realizar una desinfección en la prisión de Fontcalent, un día después de que el coronavirus causara la muerte del funcionario de 66 años que llevaba varios días aislado en su domicilio del centro penitenciario.
Así lo anunció ayer la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que reveló que la autoridad sanitaria confirmó el positivo del funcionario Ismael. El fallecido trabajaba en el servicio de oficinas, sin contacto con los internos, y «llevaba años sin entrar al interior» de los módulos donde están los reclusos. Instituciones Penitenciarias explicó que la Unidad Militar de Emergencias se personó ayer por la mañana en la prisión para planificar la desinfección y dijo que tendría lugar «en las próximas horas».
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de València realizó un estudio de contactos que determinó que solo otro funcionario había mantenido contacto estrecho con él, por lo que este trabajador se encuentra en su domicilio en «cuarentena y asintomático», según Instituciones Penitenciarias.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió el domingo por la noche «un mensaje de cariño y pésame a la viuda, a la familia y a los compañeros de Ismael», a los que también agradeció ayer su «profesionalidad». El secretario general, Ángel Luis Ortiz, también transmitió personalmente el pésame a la viuda.
Minuto de silencio
La jornada laboral comenzó ayer en Fontcalent con un homenaje de los compañeros del fallecido, que se concentraron frente al domicilio de Ismael y guardaron un minuto de silencio antes de dar un sentido aplauso en su recuerdo.
Por su parte, la asociación de trabajadores penitenciarios «Tu abandono me puede matar» (TAMPM) recibió ayer del Ayuntamiento de Alicante una donación de 500 mascarillas para los empleados del centro penitenciario. La asociación TAMPM afirma que el fallecimiento en Alicante del primer funcionario de prisiones del país desencadenó «una oleada de mensajes de apoyo al colectivo desde todos los ámbitos de la sociedad española».
TAMPM trasladó a todas las fuerzas políticas su malestar por «la desprotección que sufren los trabajadores en el desempeño de sus funciones» y criticó que a pesar de ser considerados servicio esencial, no les hacen las pruebas para detectar el coronavirus.
La denuncia de la asociación sobre la falta de medios de protección tuvo una respuesta «por parte de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante que, a través de la Concejalía de Acción Social, han donado 500 unidades de las llamadas mascarillas solidarias». TAMPM dice que las entregará a los trabajadores de todas las áreas de Cumplimiento y del Psiquiátrico Penitenciario.
Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que los centros penitenciarios cuentan con mascarillas -se repartieron 40.000- y que Sanidad recomienda que las usen las personas que estén contagiadas o con sospechas de padecer la enfermedad. Además, anunció que ayer comenzaron a distribuir una nueva remesa de 105.000 mascarillas quirúrgicas y FFP2 en las cárceles del país.
