31 de marzo de 2020
31.03.2020
Información
CORONAVIRUS

Colapso por las llamadas de policías pidiendo las pruebas del coronavirus

Una orden de la Delegación del Gobierno siembra la confusión entre los agentes al no aclarar en qué circunstancias son adecuados los test

31.03.2020 | 16:31
Dos agentes de Policía Local junto a un ciudadano en una imagen reciente

Sanidad e Interior llegan a un acuerdo para priorizar el rastreo de covid-19 entre las fuerzas de Seguridad

Las policías locales de la Comunidad Valenciana están colapsando el servicio de atención telefónico 900 habilitado por la Generalitat Valenciana para información sanitaria relativa al coronavirus tras una orden interna de la Delegación de Gobierno anunciando que se someterá a la prueba de detección de la Covid-19 a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, incluyendo a las policías locales y a los funcionarios de Prisiones.

Teléfono de información del coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló

De momento, ya hay una media de 30 llamadas a la hora de policías pidiendo ser sometidos a las pruebas, que se suman a las que ya recibe ese servicio montado exclusivamente para consultas sanitarias en relación con esta pandemia, con una media diaria en este momento de entre 1.000 y 3.000 llamadas, aunque ha soportado picos de hasta 10.000 en los primeros días.

La orden de la delegada del Gobierno, enviada ayer, 30 de marzo, a todas las jefaturas y mandos policiales, así como a los responsables de las cuatro prisiones valencianas, es fruto de un acuerdo con la Conselleria de Sanidad, tras las presiones de Interior y de los sindicatos policiales para que se realizaran pruebas del coronavirus en las filas de los cuerpos de Seguridad, como una de las primeras líneas en la atención a los ciudadanos y como servicio esencial imprescindible.

Uno de los problemas que había es que la escasez de test para realizar la prueba de la polimerasa (PCR) a los sectores con mayor riesgo, entre los que se encuentran los sanitarios, por supuesto, pero también los cuerpos policiales y los funcionarios de prisiones.

Aunque el número de contagios de coronavirus entre plantillas policiales -confirmados o en aislamiento por sospecha- no es por fortuna demasiado elevado en estos momentos, lo cierto es que confinar a un agente bajo sospecha supone una merma en un servicio fundamental en este momento. De ahí la urgencia por disponer de test para ir sobre seguro a la hora de aislar a un policía o incluso a varios, por precaución, si han estado en contacto con el agente bajo sospecha.

Los test solo son útiles cuando se somete a ella a personas que muestran síntomas o han estado en contacto con alguien que los presente o que haya dado positivo en una prueba de coronavirus, ya que si somete a cualquier persona asintomática a la PCR, lo más probable es que el resultado sea negativo y no existe ninguna certeza de que pueda contagiarse en los días siguientes. Así, habría que someterla a nuevas pruebas en días sucesivos y no tendría ninguna utilidad. Este es el protocolo sanitario, lógico, para discriminar a quien someter y a quien no a una prueba de detección del coronavirus.

Sin embargo, la orden de la Delegación del Gobierno es confusa y deja la puerta abierta a que se entienda que se va a someter a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad al test del coronavirus. Y eso ha sembrado el caos, con llamadas no solo de jefes de Policía Local, si no de funcionarios que, a título particular, están llamando al 900 y colapsando el trabajo de los operadores, que ya atienden entre 1.000 y 3.000 llamadas diarias, con picos de hasta 10.000 en algunos momentos de máxima alarma social, como ya se ha dicho.

La Comunitat Valenciana tiene alrededor de 10.000 policías locales, a los que hay que añadir los de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Portuaria y funcionarios de Prisiones.

Sanidad no advirtió al servicio 900 del acuerdo

De hecho, el personal con formación sanitaria que está atendiendo esas llamadas, y que no había sido advertido desde la conselleria del acuerdo con la Delegación del Gobierno ni de que esas llamadas se iban a producir en avalancha, ha toreado como ha podido la situación, explicando a quienes llamaron el lunes que se les tomará nota de los datos personales y que, en caso de que Salud Pública estime necesario realizar el test, el agente en cuestión será citado para llevarlo a cabo. Es decir, solo cuando sea necesario y sea un caso contemplado dentro del protocolo que se aplica desde el principio. Y desde luego, no a todos por el mero hecho de ser policías o funcionarios de prisiones.

Es más, desde el lunes circula un audio en el que una de las operadoras de ese servicio de información explica paciente y eficazmente durante varios minutos a un jefe de Policía Local que no saben nada de ese acuerdo y que, en todo caso, el protocolo sólo recomienda someter a la prueba a personas en riesgo, es decir, con síntomas o con evidencias de contacto prolongado -más de 20 minutos a menos de dos metros- de una persona con síntomas o que ha dado positivo en coronavirus.

Tampoco la Delegación del Gobierno ha emitido ninguna matización a esa orden, necesaria para evitar que se siga produciendo la desbandada de llamadas solicitando la PCR a agentes y funcionarios de prisiones.


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