Los ayuntamientos son los que mejor «hicieron los deberes» y cumplieron con todas las medidas de ajuste impuestas por el Estado para reducir su déficit pero ahora no quieren ser los que se encarguen de costear buena parte de la elevada factura para las arcas públicas que supondrá acabar con la Covid-19. Los alcaldes se oponen a entregar su fondo al Gobierno para luchar contra el coronavirus, unos ahorros acumulados desde hace años que para toda España superan los 28.000 millones de euros y para la provincia de Alicante, en diciembre de 2019, según datos del Banco de España, ya estaban por encima de los 1.590 millones. Una «hucha» muy apreciada por el Ministerio de Hacienda con un primer sondeo, con el visto bueno de las comunidades autónomas, rechazado por el poder local.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mostró ayer la postura común de todos los grupos políticos que forman parte de su directiva, liderada por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, y donde están integrados representantes del PSOE, PP, Unidas Podemos y Cs, que «no se va a aceptar que los remanentes sean utilizados por nadie que no sean los ayuntamientos». De manera rotunda, la FEMP insistió en que este organismo «defiende y defenderá siempre los recursos de las entidades locales». De este modo, la Federación sale al paso de la posible fórmula lanzada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de utilizar un «préstamo de obligatorio reembolso» por el que el Gobierno se queda los 28.000 millones de ahorros de los ayuntamientos de toda España que hay guardados en los bancos, y que tendría que «devolver» de algún modo a los municipios.

En la misma línea, para el presidente de la Federación Valenciana de Municipios, Rubén Alfaro, «el esfuerzo de los vecinos debe estar a disposición de los vecinos». En todo caso, el también alcalde de Elda propone «un sistema de subsidiariedad», por el que el Estado y los ayuntamientos pueden cofinanciar actividades donde ambas administraciones tienen intereses comunes. Los alcaldes socialistas aceptan en parte esta medida por ser «solidaria» y «excepcional» pero matizan mucho su apoyo. El primer edil de Elche, Carlos González considera que «en aras del interés general, todos los recursos del país tienen que estar al servicio de la emergencia», incluido el superávit municipal, pero esto no quiere decir que podría resultar útil para ayuntamientos y para el Gobierno implicar a la administración local en una gestión orientada a favorecer la recuperación económica y de empleo». Esta misma «receta de proximidad» la ofreció ayer el alcalde Xàbia, José Chulvi, partidario de «destinar una parte del superávit a lo que ya estamos haciendo, para actuaciones en servicios sociales y para la reactivación económica». Otro regidor socialista, Jesús Villar, de San Vicente, acepta con muchos recelos la propuesta de la ministra Montero «siempre que sea un sea un préstamo a devolver y que se reembolse», explicó.

El rechazo fue mucho más contundente por parte del PP. Una de sus alcaldesas, Loreto Serrano, de Santa Pola, calificó de «barbaridad» que primero «hayan descapitalizado el Estado y ahora vayan a descapitalizar a todos los municipios. Ni podemos invertir ni podemos usar el dinero en lo que nos hace falta». Por parte de Compromís, la alcaldesa de Teulada, Rosa Vila, cree que su formación se opondrá a la medida porque «hace mucho tiempo que no podemos acceder a esos ahorros y los pueblos tenemos muchas necesidades», aseveró la edil.