Con la prórroga del estado de alarma ya aprobada hasta casi mediados de abril, la gran cuestión que quedaba por resolver, como se evidenció en el debate del Congreso para convalidar ese decreto y en la conferencia de presidentes autonómicos del domingo pasado, era la decisión de Pedro Sánchez sobre la adopción de medidas más restrictivas de confinamiento. Medidas que, finalmente, se ha visto obligado a tomar, como explico ayer mismo el presidente del Gobierno. Lo pedían desde hace una semana gran parte de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Generalitat Valenciana. La mayoría de los grupos parlamentarios. Y buena parte del Gobierno de España. Lo rechazaban la vicepresidenta Nadia Calviño y los empresarios, entre ellos la patronal valenciana. Pedro Sánchez dudaba. Pero se ha tenido que decidir a la vista de la expansión del virus y del peligro de colapso sanitario, como justificó en su comparecencia de este sábado. Discrepancias dentro y fuera del Ejecutivo que, finalmente, se han resuelto una semana después con una medida que parecía casi inevitable.

Esas dudas de Pedro Sánchez frente a una decisión clave han generado diferencia institucional y también política. El desencadenante, junto a los problemas de abastecimiento de los hospitales que el Consell de Ximo Puig está intentando solucionar al margen del Estado a través de un puente aéreo sanitario con China, estaba en el enfoque económico de las medidas y en la petición de cierre total de aquellas actividades no indispensables aún funcionando durante los últimos días. Eran varios los presidentes autonómicos, entre ellos el propio Puig, que querían responder a la situación con más restricción. Parar más para despegar antes. Están en una administración más cercana y entendían que la pandemia sólo podía neutralizarse con una actividad mínima. De hecho, el Consell y los grupos parlamentarios de las Cortes -desde los socios del Botànic hasta las tres formaciones de la derecha- venían reclamando esta medida tanto en la Comunidad como en España desde el lunes. También respaldaba esa postura desde Alicante el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Pero el Gobierno ha esperado una semana para endurecer el confinamiento con una fórmula que incluye un permiso retribuido durante 15 días que posteriormente los trabajadores tendrán que recuperar.

La ministra María Jesús Montero ya dejó entrever esa medida tras la reunión del Gobierno del viernes abriendo por primera vez la puerta a esa posibilidad. La resolución se ha tomado tras un intenso debate en la Moncloa al que, entre otros, el Consell del Botànic miraba de reojo. La pelota ya estaba en el tejado del Gobierno de España a sabiendas de que, a finales de esta semana, se tendrá que empezar a valorar una nueva prórroga del estado de alarma. La relación entre Madrid y València se ha mantenido a pesar de la «insuficiente» aportación de material desde el Ministerio de Sanidad, algo que está intentando paliar el Consell con enorme esfuerzo. Pero extremar las medidas de confinamiento se había convertido en una piedra en el camino entre ambas administraciones. En las comparecencias de esta semana en medios de Madrid, de hecho, Puig había tenido que responder siempre a la cuestión. Evidencia de que conocían al dedillo su opinión del tema.

A pesar de que la posición del jefe del Consell era conocida, Ximo Puig concedía prioridad a la respuesta sanitaria y, sobre todo, a la unidad de acción política. Aunque en el fondo, la Generalitat Valenciana podía compartir la posición de otros ejecutivos, desde luego, no quería caer en un problema de formas. Debía ser el Gobierno de España el que entendiera que debía tomar una decisión para todos. No cabía, deslizaban en las bambalinas del Palau, ni la estrategia unilateral del murciano Fernando López Miras, del PP; ni la presión desafiante del catalán Quim Torra, posiciones que obligaron al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, a recordar que el Gobierno es «mando único» en esta crisis. Pero la exhibición de poder que otorgan los decretos suele traslucir, al final, la evidencia de que hay debates abiertos. La cuestión de restringir más el confinamiento frente era una tensión por resolver. Y que, al final, ha tenido un desenlace que estaba cantado: más confinamiento.

Nueva reunión de líderes autonómicos con deberes hechos

Nueva reunión de líderes autonómicos con deberes hechosNo solo la Comunidad Valenciana había expresado la urgencia de más restricciones. Cataluña anunció una resolución para endurecer el confinamiento de comarcas concretos al tiempo que el presidente del Murcia decidió de forma unilateral aprobar el cierre total de todas las actividades no esenciales. Ambas fueron desautorizadas. Otros barones territoriales también apuestan por un confinamiento completo, «no a medias». El debate se destapó por completo en la conferencia de presidentes autonómicos del domingo pasado. Hoy todos se vuelven a citar por vía telemática con el debate, una semana después, ya cerrado con medidas concretas y claras.