Dos juzgados de Alicante y València instaron ayer a la Conselleria de Sanidad a dotar de manera urgente de equipos de protección a los profesionales sanitarios para evitar contagios de coronavirus, según las resoluciones dictadas por ambos órganos de la jurisdicción Social. Los dos autos son consecuencia de las demandas presentadas en las tres provincias de la Comunidad por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM-CV) pidiendo a los tribunales de cada una de ellas que obligaran por la vía de urgencia a la Generalitat a proteger a estos profesionales. Ambas resoluciones, contra las que cabe recurso, van en la misma línea de la dictada por otro juzgado de Madrid, que también instaba a esa Comunidad a adoptar medidas en 24 horas. Es la primera denuncia que se presentaba en la provincia de Alicante por la falta de medios de la Administración en esta crisis.

Mientras que en el juzgado de València también se daba 24 horas a la Administración para dotar a los profesionales de los medios solicitados, en la resolución de Alicante no se concreta plazo alguno y se limita a decir que se cubran las necesidades «en el menor tiempo posible». Este último auto reconoce que, aunque las medidas de protección son prioritarias, esta obligación «está condicionada al estándar de lo que sea razonable y factible y a que los procesos estén bajo su control» (de la Conselleria), motivo por el que solo admiten parcialmente la petición cautelar del sindicato. Por su parte, en València también se deja la puerta abierta a que Sanidad acredite que ha llevado a cabo las acciones necesarias para proteger a los trabajadores. No consta si en la provincia de Castellón los jueces se han pronunciado.

Evitar contagios

El material que se reclama por parte del Sindicato Médico y avalado por los dos juzgados consiste en batas, equipos de protección individual, mascarillas, gafas de protección y contenedores grandes de residuos, «para que los profesionales puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que sufren», así como evitar propagar el virus.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, relataba que los profesionales sanitarios están trabajando «con batas permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus propias gafas, gafas de buceo, agudizando su ingenio para protegerse del COVID-19 ante la pasividad de la Administración».

El auto dictado por el juzgado de lo Social de Alicante ve las medidas reclamadas como «absolutamente necesarias para que los médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar el contagio, salvaguardando el derecho también del paciente a ser atendido adecuadamente por personal sanitario, con medidas de prevención que se habrán de facilitar por la administración demandada en el menor tiempo posible».

La misma demanda se llegó a presentar ante el Supremo para que se adoptaran estas medidas en toda España. El Alto Tribunal la rechazó el miércoles alegando que no se concretaba contra qué administración iba dirigida, al tiempo que argumentaban que «son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacer la falta de material». En Madrid, en cambio, otro juzgado admitió la demanda trasladando esta exigencia al gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, tal como han hecho ahora dos magistrados en la Comunidad.