El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) exige a las administraciones sanitarias, tanto autonómicas como estatales, que aseguren que no se va a discriminar a las personas con cualquier tipo de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes con coronavirus, pues la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor desvalorizador de la persona. Tambioén exigen a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, que prioricen la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas, cuyas remesas están llegando en estos momentos, a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas y a los trabajadores que las apoyan y atienden, como población diana en riesgo extremo.
Todo el movimiento CERMI y en línea con la petición lanzada por CERMI Estatal; reclama a las autoridades y profesionales sanitarios que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican, en la actual crisis del coronavirus, son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas, y solicita al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.
Las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España, indican en un comunicado.
Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos, la no discriminación, no tratar desigualmente, y actuar sin prejuicios o sesgos que castigan a quien se considera "diferente" y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria.
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) afirma que es la máxima plataforma de representación, defensa y acción social de las diferentes discapacidades; en total en la Comunidad Valenciana, representa a más del 96% de las más de 400.000 personas con discapacidad y sus familias.
Por otra parte, la entidad pide al Ministerio del Interior que precise con urgencia las condiciones en las que determinadas personas con discapacidad pueden acceder a la vía pública durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia.
La entidad se suma así a la reivindicación planteada por el CERMI Estatal en una misiva dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que valora que el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contemple en su artículo 7 como excepciones para poder salir a la calle las necesidades que puedan tener determinadas personas con discapacidad, aunque no entra en detalle.
