Marzo va a convertirse, sin duda, en uno de los meses más duros de la historia democrática de España. El coronavirus se ha llevado por delante la vida de un millar de personas en todo el Estado y solo en la Comunidad ya ha dejado más de mil contagiados. La cifra de enfermos crece por momentos a pesar de que todavía no se ha llegado al pico máximo y las administraciones públicas se han encontrado con la situación más complicada e imprevisible de cuantas han gestionado. Todas las agendas políticas se han trastocado. Sin excepción. El día a día se limita exclusivamente al seguimiento de la pandemia y a gestionar la evolución del virus. A la hora de alinear prioridades, la vida de las personas está en primer lugar y todos, a su vez, coinciden en la necesidad de poner en marcha medidas paliativas para hacer frente a la crisis económica derivada de esta situación de alarma. Todo el presupuesto público de 2020 se reorientará en esa dirección: acabar con la alerta sanitaria primero y luego activar la economía. Son ahora las únicas alternativas posibles.
1. Gobierno de España
La primera decisión para dar respuesta a esta situación sin precedentes y evitar que las consecuencias económicas se prolonguen fue la del presidente Pedro Sánchez, al anunciar que el Gobierno inyectará 200.000 millones para mitigar el impacto económico y social. El plan, de clara inspiración keynesiana y de corte progresista, supone la mayor movilización de recursos públicos en la historia democrática. Pedro Sánchez aparcará los presupuestos de este año y elaborará unas cuentas de «reconstrucción» de cara a 2021. Todo ello, según dijo tanto el martes tras el Consejo de Ministros como el jueves en la tribuna del Congreso, a partir de la filosofía de no dejar a nadie atrás. «Los que se vean afectados por este frenazo en seco de la economía va a encontrar la protección del Gobierno de España», enfatizó.
Esa iniciativa inmediata ha encontrado el respaldo en el resto de las administraciones de la arquitectura institucional. También el Consell o las entidades locales como la Diputación o los municipios han abierto la mano para evitar que el pánico lo contagie todo y mostrar una visión homogénea sobre las decisiones que se deben adoptar para limitar los daños colaterales. Al fin y al cabo, sea cual sea su color político, coinciden en la necesidad de que el sistema sanitario -competencia de la Generalitat Valenciana- no se colapse y que la economía no se vaya al traste con una recuperación más o menos rápida una vez que pase la epidemia.
2. Generalitat Valenciana
Horas después de la comparecencia de Pedro Sánchez, el jefe del Consell, Ximo Puig, complementaba los esfuerzos del Gobierno y anunciaba medidas para autónomos y empresas por 100 millones. La Generalitat tiene que afrontar esta emergencia con una situación financiera muy complicada si se tiene en cuenta las aportaciones que ya ha realizado para los damnificados de los últimos temporales como, por ejemplo, en la Vega Baja con planes por más de 100 millones. Pero además sigue estando a la cola en el sistema de financiación autonómica, cuya reforma ya no será una prioridad tras esta crisis sanitaria. La falta de presupuestos este año ya condena ese nuevo modelo, como pronto, a 2021. Así que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha solicitado a la ministra Montero una inyección de liquidez para poder afrontar actuaciones de urgencia.
Puig está preocupado, en primer lugar, por reforzar el sistema sanitario y, en segundo término, por apoyar a las familias más vulnerables además de recuperar cuanto antes el impulso de la economía. Fuentes de la Generalitat apuntaron que se realizarán numerosas modificaciones presupuestarias ahora todavía sin concretar por estar atendiendo las necesidades sanitarias y sociales más urgentes. Desde Hacienda aseguran que están estudiando la manera de reorientar las cuentas y valorar las inversiones que tendrán que guardarse en un cajón, al menos por el momento. El Consell reclama, además, una implicación de Europa para poder disponer de fondos de cara a la reconstrucción económica.
3. Diputación de Alicante
La Diputación está decidida a llevar a cabo la reasignación de recursos que sea necesaria. Como primer paso, ha lanzado un plan de créditos por valor de 10 millones y una partida de tres millones de euros, de carácter urgente, para hacer frente al gasto social municipal. De estas subvenciones podrán beneficiarse las entidades locales de menos de 30.000 habitantes. Localidades medias y pequeñas. Según explica Carlos Mazón, las subvenciones se destinarán a sufragar, entre otras acciones, la ayuda domiciliaria, especialmente, a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia o el traslado a los domicilios, en caso de necesidad, de servicios de rehabilitación o terapia ocupacional. Además, la institución provincial ha aplazado a través de Suma el pago de impuestos locales o ha puesto su servicio informático a disposición de entidades locales para que puedan operar durante este parón. Con posterioridad, la Diputación valorará medidas de promoción a través del Patronato de Turismo para reactivar el motor económico provincial.
4. Ayuntamientos
También los ayuntamientos quieren forjar una coraza económica y social. La idea es articular medidas complementarias para cubrir todos los frentes con los recursos de las administraciones central, autonómica y local. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, explicó que el municipalismo se va a centrar ahora en atender las urgencias y dejó claro que seguirán el ejemplo del Gobierno de España para reorganizar las inversiones. Desde Alicante, su alcalde, Luis Barcala, del PP, habilitará fondos extraordinarios para financiar todas las actuaciones que permitan paliar las consecuencias sanitarias y económicas. El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, considera que la nueva situación derivada de la emergencia sanitaria exige reorientar el presupuesto para hacer frente a las necesidades sociales, de protección de las familias damnificadas por las consecuencias económicas con especial atención al empleo además de destinar más recursos a políticas que generen estímulo económico.
El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, del PSPV, adelantó que los presupuestos que en breve presentará van a incluir una partida para emergencias por el virus. Desde Calp, la alcaldesa, Ana Sala, del PP, apuntó que ya se ha acordado destinar parte del presupuesto y el remanente de tesorería tanto a la acción social como a los empresarios locales. Y el primer edil de Crevillent, José Manuel Penalva, de Compromís, está seguro de que tendrá que modificar sus presupuestos tras un análisis pormenorizado de las partidas para dar respuesta «a los colectivos más vulnerables y a los comercios que no han podido abrir a lo largo de esta crisis». Todos, sin colores, y todo el presupuesto contra el virus.
