Los 25 centros sanitarios privados que existen en la Comunidad disponen en total de 136 camas de UCI de las que 66 se encuentran en la provincia de Alicante y el resto están distribuidas entre Valencia y Castellón. Con estas dotaciones cuenta la Conselleria de Sanidad para apuntalar el sistema público si la crisis sanitaria desatada por el coronavirus lo hiciera preciso, como todo parece indicar que ocurrirá.

De momento no ha sido necesario recurrir a estas instalaciones de las que cada mañana se tiene que informar a la conselleria. Los responsables de los centros privados comunican a diario a Sanidad el número de camas de que disponen, tanto de UCI como de hospitalización. De estas últimas la privada suma en la Comunidad más de 2.600 camas con las que se refuerzan las 10.000 de la pública en virtud de la declaración del estado de alarma decretado el viernes para combatir esta pandemia.

En algunos centros privados, con en el grupo IMED, se ha conseguido aumentar la capacidad para atender a infectados por el Covid-19 tras eliminar las intervenciones programadas que podían posponerse centrando toda su actividad en las urgencias y en las operaciones no demorables.

Este grupo ya ha comenzado a realizar la prueba para detectar si está contagiado del coronavirus pero siempre que se cumplan los requisitos que en estos momentos establece Sanidad para hacerlas en la pública. Aunque el protocolo es muy cambiante, únicamente se practica cuando el solicitante presenta síntomas graves y a sanitarios que tengan la sospecha de haberse infectado.

Las muestras se toman en sus centros de Benidorm, Elche, Valencia y Gandía y se envían a un laboratorio de Barcelona. El coste oscila entre los 200 y los 250 euros y, de resultar positivo, se tiene que dar cuenta a Salud Pública que en último término decidirá si da por bueno el resultado o repite el test. En la red pública de la Comunidad solo existen tres centros donde se realiza: el General de Alicante y La Fe y el General de Valencia.

Pero el principal problema con el que se están encontrando tanto la pública como la privada para hacer el test es la falta de hisopos, el bastoncillo con el que se recoge la muestra bucofaríngea que después se envía al laboratorio. Una carencia que se suma a la de mascarillas y de material de protección para los sanitarios que empieza a ser preocupante.

Tras el declaración del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad centralizó la compra de estos productos con los que los centros no pueden acudir a sus proveedores habituales y tienen que atenerse a la distribución que realice el ministerio en función del material de que disponga y de las necesidades de todos los centros del país.

Otras empresas privadas con centros abiertos en la Comunidad han comenzado también a ofrecer la prueba aunque en su publicidad no consta que se exija requisito alguno.