Juzgados cerrados a cal y canto. Con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, las dependencias judiciales de la provincia ya tienen restringido el acceso al público y sólo se atienden aquellas cuestiones que sean consideradas urgentes, principalmente causas con preso y detenidos, Desde el viernes ya se acordó la suspensión de la actividad durante las próximas dos semanas y ahora entran en vigor nuevas restricciones. Fuentes del Palacio de Justicia señalaron que en el juzgado de guardia no se atenderán denuncias y sólo estará para actuaciones con detenidos y aquellas otras que sean inaplazables.

Ni siquiera, las personaciones acordadas como medida cautelar aquellas personas en libertad sujetas a un procedimiento penal y con obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado lo largo de este fin de semana, la Unidad Adscrita de Policía Judicial ha estado avisando a entre 300 y 400 personas entre el 16 de marzo y el 13 de abril que tenían que personarse en el Palacio de Justicia de la cancelación de estas comparecencias mientras se mantenga el Estado de alarma.

Desde el viernes, todas las comparecencias judiciales no urgentes están suspendidas y todavía las distintas comisiones de seguimiento de esta crisis están perfilando los servicios mínimos que se prestarán durante estas semanas. Del mismo, todos los plazos para la presentación de escritos también han quedado suspendidos.

El Registro Civil estará cerrado al público y únicamente se atenderán inscripciones presenciales de nacimientos, actas de defunción y matrimonios en artículo mortis (aquellos casos en el que uno de los contrayentes está a punto de morir y quiere casarse antes). En los juzgados no hay un Registro Civil exclusivo Durante estas semanas, tanto las bodas como los divorcios han quedado suspendidos. Los juzgados de Familia de Alicante, que también tienen asumidas las competencias de internamientos por incapacidades, están atendiendo por videoconferencia aquellos internamientos que sean urgentes.

La Comisión de Seguimiento del COVID-19 constituida en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) considera también entre estos asuntos urgentes los que atañen a la jurisdicción social por pleitos laborales relativos a conflictos colectivos, ERTES y ERES que sean consecuencia de la aplicación de la situación del Estado de Alarma. Otros asuntos considerados urgentes por el Consejo General del Poder Judicial se encuentran: cualquier actuación que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable; internamientos urgentes; medidas cautelares u otras inapazables como la protección de menores; órdenes de protección en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, entre otros.

La Conselleria de Justicia ha dictado unos servicios mínimos de dos funcionarios por juzgado, mientras que los servicios de guardia deberán estar cubiertos por el cien por cien de la plantilla. Los jueces han fijado un servicio mínimo de un magistrado más otro de refuerzo por jurisdicción, mientras que en la Audiencia cada día estarán de guardia tres magistrados en turnos rotatorios para asuntos penales y otro para la jurisdicción civil.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía (Icali) tiene cerradas sus oficinas de atención al público y a profesionales en la calle Gravina y sólo se atiende vía telefónica o telemática, entre las 8.30 y las 14.30 horas. Por las tardes, la sede estará cerrada para minimizar el riesgo de contagios entre los trabajadores. El Consejo General de la Abogacía ha reclamado que los servicios de asistencia al detenido se puedan prestar de manera telemática y por videoconferencia, una petición a la que se ha sumado el Icali, para minimizar los riesgos de contagio. El decano del Icali, Fernando Candela, señaló que las comparecencias de detenidos se realizarían directamente en el juzgado, prescindiendo del derecho a declarar en sede policial.